La empresa Solmasol vinculada al proyecto de una planta de biomasa en Monzón ha conseguido 108 megawatios (MW) en la subasta de energía renovable del Ministerio de Industria a la que concurría y que se ha resuelto esta mañana. La subasta, la primera desde que comenzó a aplicarse la “moratoria verde” en 2012, ha repartido 500 MW de energía eólica y 200 de biomasa.
La empresa impulsa el proyecto de una planta de combustión de biomasa de 50 MW en Monzón. Tal proyecto se gestó íntegramente durante el pasado mandato municipal y, tras superar varias fases de exposición al público, recibió la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del Instituto de Gestión Ambiental de Aragón (INAGA) el pasado mes de agosto.
Cabe destacar que la subasta ha adjudicado los 108 MW a la empresa, no a un proyecto concreto, y será la dirección la que tome la decisión que considere sobre el reparto (trabaja en varios proyectos, si bien el de Monzón es el más adelantado).
La autorización del INAGA es firme. El equipo de gobierno ve el proyecto como un “oportunidad” de crecimiento económico e industrial y confía en la administración superior en todo lo relativo a la idoneidad de la instalación y el proceso de funcionamiento.
El alcalde, Álvaro Burrell, remarca la importancia de “contrastar” la información con la empresa y estudiar y analizar “en profundidad” los pormenores técnicos y medioambientales. En este sentido, ve muy oportuna y aconsejable la constitución de una “mesa técnica” integrada por diferentes agentes sociales que sirva para confrontar las distintas interpretaciones de los parámetros técnicos y para despejar cualquier duda, en especial de cara a los ciudadanos que se han mostrado más reacios al proyecto.
“El Ayuntamiento estará vigilante para que se cumplan todas las medidas de control y la actividad fabril sea respetuosa al ciento por ciento con la legislación que vela por el medio ambiente”, añade.
Retomando las declaraciones de semanas atrás, Burrell hace hincapié en que al equipo de gobierno le hubiera gustado una ubicación de la planta más alejada del casco urbano, “tanto por ordenación urbanística como para evitar la oposición de los ciudadanos sensibles en temas de salud”, y entiende que si la empresa hubiera facilitado más información se hubiera frenado en gran medida la alarma social generada.
Como conclusión, el Ayuntamiento tiene en consideración el pronunciamiento del INAGA (la AAI es el permiso que requiere el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con los vertidos a la atmósfera y cualquier otra implicación de tenor medioambiental) y se compromete “al máximo control y vigilancia” de la actividad de la planta. “En este asunto, como en todos los que conciernen al gobierno municipal, habrá máxima transparencia”, subraya el alcalde.
La instalación de esta planta ha generado una fuerte polémica en la ciudad del Cinca, encabezada por una plataforma ciudadana que está realizando diversas actividades de sensibilización ante los riesgos medioambientales y de salud que podría suponer la instalación de esta planta en Monzón. La última campaña ha sido en la red social Change.org en la que han recogido 5.000 firmas contrarías a la ubicación de la planta incineradora de biomasa a escasos 600 metros del casco urbano.
Por el contrario, el colectivo empresarial del Cinca Medio ha dado su apoyo a este proyecto siempre y cuando cumpla con la legislación en materia medioambiental.
