La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón valora positivamente la rapidez en la tramitación administrativa de las solicitudes presentadas dentro de la convocatoria de subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, cuyo plazo de presentación finalizó el 16 de mayo. Pero por otra parte, la organización agraria también manifiesta su disconformidad con el sistema de baremación que ha utilizado el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.

Por primera vez, los expedientes de ayuda han sido objeto de valoración con arreglo a los criterios previstos en la orden de convocatoria, publicada el 9 de marzo en el BOA: criterios relacionados con el solicitante de la ayuda (hasta 35 puntos), relacionados con la explotación (hasta 20 puntos) y relacionados con el plan empresarial (hasta 45 puntos). UAGA-COAG indica que este sistema de baremación no ha tenido en cuenta la realidad de todo el territorio de la Comunidad y ha impedido que muchos jóvenes, según la localidad en la que residen, puedan optar a algunos puntos, como por ejemplo: vinculación a actuaciones en infraestructuras públicas, modernización, concentración parcelaria…. Según, la organización agraria, esto es un agravio comparativo que hay que corregir para que todos los jóvenes partan en las mismas condiciones de acceso.

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Para evitar que muchos jóvenes que ya han realizado inversiones y han empezado a trabajar como agricultores queden fuera del acceso a las ayudas, UAGA propone por una parte, el incremento de presupuesto de esta convocatoria y por otra, la publicación de la próxima convocatoria antes de que finalice 2016.

Según la información facilitada por el Dpto. de Desarrollo Rural, recibirán la ayuda solicitada todos aquellos expedientes presentados para incorporación que superen los 52 puntos. En el caso de los expedientes presentados para modernización de explotaciones agrarias, la puntación de corte quedaría en 50 puntos.

En total, se presentaron para incorporación 701 solicitudes y para modernización 735, todo ello con un importe total de 41,9 millones de euros, aunque la dotación pública se sitúa en 30 millones, de ahí que fuera necesario realizar un proceso de baremación.

 

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