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Recientemente, en una conversación acerca de la Ley de Memoria Histórica, mi contertulio defendía que, más allá de cuestiones ideológicas, hay que acatarla porque es una Ley, y la Ley está para cumplirse.

Es un razonamiento lógico y cierto. No seré yo quien diga lo contrario.

Sin embargo, hace unos días nos desayunábamos con la noticia de que el Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, tenía previsto cerrar aulas en la Escuela Concertada. En principio se habló de 18, número que posteriormente se fue modificando hasta quedar reducido a 13.

Argumentaciones aparte y haciendo gala de una facultad adivinatoria envidiable, el Gobierno de Aragón ha sido capaz de conocer los deseos de los padres y el número de solicitudes de admisión antes incluso de que se abra el periodo para ello, llevando a efecto el cierre de las mencionadas aulas de primer curso de Educación Infantil en determinados colegios.

¿Cierre de aulas por parte de un Gobierno que se dice progresista? ¿Pero cómo puede ser semejante zarpazo educativo?

La respuesta a estas preguntas, por muchas argumentaciones que nos presenten, la encontramos en las exigencias del socio de gobierno de los socialistas –Podemos– para asestar un golpe a la enseñanza concertada, mayoritariamente impartida por colegios religiosos, aprovechando la necesidad de su voto favorable en el trámite la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017.

Calva pintaban la ocasión para dar rienda suelta a la secular animadversión ideológica que respalda partidos como Podemos hacia la religión católica y todo lo que con ella tiene que ver, tal es la verdadera motivación que subyace tras esta imposición. No hace falta ser muy listo para darse cuenta.

Por ello, en esta ocasión SI que es conveniente saltarse ya no una Ley, sino la Ley de Leyes, la Constitución, que, en su artículo 27, reconoce el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza e insta a los poderes públicos a garantizarla y a recibirla de acuerdo con la formación religiosa y moral que dicten las propias convicciones.

Claro, esta Ley sí puede obviarse, porque no hay Ley que se ponga por delante de quien no está dispuesto a respetarla, pisoteando con ello derechos fundamentales, libertades públicas y una clara demanda social respaldada por las más de 30.000 personas que se manifestaron para defenderla.

Esa es la democrática lección que parecen querer dar a una sociedad de la que los niños y jóvenes son su pieza más fundamental, una lección basada en el acatamiento selectivo de las leyes que convienen, la ignorancia de las que no benefician, la confrontación, la prohibición e ignominia de la opción diferente.

Craso error, porque son el porvenir, y porque no podemos pretender diseñar su futuro desde los rencores que nos mantienen pegados al pasado, desdibujando lo que es y lo que representa nuestra democracia para convertirla en una delirante caricatura de sí misma.

Escuela pública y concertada son complementarias e indispensables, cumplen la función que demanda la sociedad de cada una de ellas y querer establecer competencia entre ambas es agitar el avispero de una confrontación innecesaria e inexistente.

Aparte de no enterarse de nada; pero las orejeras es lo que tienen…

dph

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