La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, ha asistido hoy a la reunión del Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha acordado el marco de cooperación para la financiación de la Ley de Dependencia en 2009. De acuerdo con el reparto, Aragón incrementa, de nuevo, su participación en este fondo respecto a 2008, hasta alcanzar el 4,01%. De esta forma, la comunidad autónoma recibirá del Gobierno central en este concepto 11,38 millones de euros, casi un 19% más que en el ejercicio anterior, incremento que se traduce en 1,8 millones de euros más.
Esta cantidad se suma a los casi seis millones de euros que se han recibido en los dos primeros meses del año y que corresponden al mínimo garantizado por parte del Estado (y que responde a los hasta 263,93 euros mensuales que destina a las Comunidades Autónomas por persona valorada como gran dependiente y dependiente severo, en virtud del Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección del sistema), más los 15 millones de euros del Fondo especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (PlanE) destinados a dependencia.
Para definir la distribución de estos fondos, se ha tenido en cuenta la estimación de personas dependientes, la dispersión de la población, la insularidad y los emigrantes retornados de cada Comunidad Autónoma, así como otros factores incluidos en la Comisión Delegada del Consejo Territorial.
El 80% de la financiación se distribuye en dos fondos. Uno general, que, a su vez se divide en dos tramos. Por un lado, el que tiene en cuenta la población y otros criterios (supone el 85% del total) y otro que, en la actualidad, se refiere al número de beneficiarios (el 7,5%). Otro fondo adicional (el 7,5% restante) tiene en cuenta la renta y las pensiones medias. El 20% de la financiación restante del crédito se realizará en base al número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación y registradas en el SISAAD a 1 de abril de 2009.
En este sentido, desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón ya se solicitó en el pasado ejercicio que se incrementara la ponderación de las personas beneficiarias del sistema en el porcentaje de financiación (frente a las potenciales), petición que se ha tenido en cuenta con la introducción del número de beneficiarios con derecho a prestaciones como criterio a la hora de distribuir el crédito. De esta manera, se beneficia a las comunidades autónomas que han trabajo de forma más rápida en la puesta en marcha y aplicación de la Ley de Dependencia, basándonos en la población dependiente real , ha comentado la consejera.
