El Ayuntamiento de Barbastro ha pedido a la oficina del Defensor del Pueblo que retire el nombre del municipio de su lista de ayuntamientos que obstaculizan su labor, ya que éste ha aparecido publicado en su informe anual de forma errónea.

Este lunes, se conocía que el Defensor del Pueblo había trasladado a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, entre ellos el de Barbastro, a los que acusa de entorpecer su trabajo por no responder a sus continuos requerimientos de información. Los citados expedientes se han trasladado a la Fiscalía General del Estado por la presunta actuación obstaculizadora de la labor del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes de 19 ayuntamientos, a fin de que, en su caso, ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal, según publicaba EFE.

Respecto a la inclusión del Ayuntamiento de Barbastro como administración entorpecedora en su informe anual de 2017, el Consistorio aclaraba que dicha inclusión hace referencia a un expediente que el Defensor del Pueblo cerró con fecha 4 de agosto de 2017.

El expediente en cuestión era una queja de un vecino a quien la Policía Local había multado por cometer una infracción de tráfico. Este vecino recurrió la multa ante el Ayuntamiento por considerar que la competencia correspondía a la Guardia Civil y no a la Policía Local. El Ayuntamiento rechazó el recurso, y el ciudadano pidió amparo ante el Defensor del Pueblo quien solicitó el expediente al Consistorio. Fuentes municipales reconocían que se demoraron en entregar dicha documentación al Defensor del Pueblo pero que tras recibirla el expediente se tramitó con normalidad.

El último requerimiento es de mayo de 2016 y el Defensor del Pueblo informó al Ayuntamiento de Barbastro de que daba traslado del expediente a la Fiscalía el 19 de junio de 2017. El 30 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Barbastro respondió a dicho requerimiento, lo que el Defensor del Pueblo comunicó a la Fiscalía el 11 de julio. El Defensor del Pueblo archivó el expediente el 4 de agosto. Por tanto, dicho expediente está cerrado y así se ha corroborado con la oficina del Defensor del Pueblo, quien ha facilitado todos estos datos.

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