Si bien en la actualidad los casos de EREs en Aragón han disminuido, esto continúa siendo una realidad para muchos trabajadores. En este sentido, tan sólo en el año 2019 se pueden citar casos que implican a cientos de personas en esta comunidad. Tales son los casos de la cadena de supermercados Grupo Día, y CaixaBank.

De acuerdo con los expertos en la materia del despacho de abogados Blasco Martínez de Zaragoza, no todo está perdido. Pues, ante esta circunstancia existen algunas acciones a seguir para minimizar el impacto e incluso llegar a una resolución favorable.

Sin embargo, este grupo de expertos circunscribe que desde la última reforma laboral, es cada vez más complicado para los trabajadores. Pues, la legislación vigente da carta blanca a las empresas bajo ciertas circunstancias.

Como consecuencia, los aragoneses temen verse afectados por un Expediente de Regulación de Empleo o ERE, y quedar desempleados. Aunado a esto, la realidad es que pocos saben con exactitud que implica o cómo actuar frente a este procedimiento recogido en la legislación española.

Para aclarar estas dudas y despejar los temores, los abogados especialistas en derecho laboral del despacho de abogados Blasco Martínez de Zaragoza, explican qué hacer en caso de verse afectado por un ERE.

Solicitar la prestación de desempleo

Como se ha señalado, las empresas bajo ciertas condiciones pueden recurrir a la figura del ERE. Este puede ser de reducción cuando la jornada a trabajar se ve reducida y de suspensión cuando la actividad cesa pero tiene una fecha específica de reinicio.

Aunque este tipo de ERE afecta a los trabajadores, el de extinción tiene el mayor impacto. Pues, implica la pérdida permanente del empleo, y por tanto de los ingresos. No obstante, si bien la nueva regulación facilita la tramitación del ERE para las compañías, no descarta los derechos laborales.

Así, entre los derechos de los trabajadores, se encuentra en primera instancia percibir una prestación de desempleo. La cantidad de esta variará según las cotizaciones acumuladas. Así, el primer requisito a cumplir es tener cotizados 365 días o más, en los últimos seis años.

De igual forma, la duración dependerá de los años que servicio prestado. Mientras que el importe diario durante los primeros seis meses equivaldrá al 70% de las bases de contingencias de los últimos 180 días cotizados. Posterior a este periodo, la proporción cambia al 50% de dicha base.

Negociar la indemnización

La compañía que procede con el ERE, debe abonar a los trabajadores que ha afectado una indemnización. Esta se corresponderá a 20 días de salario por cada año que la persona haya trabajado para la empresa, hasta un máximo de doce mensualidades. Los periodos de tiempo inferiores a un año, deben prorratearse por meses.

Lo anterior, se cumplirá con rigor. Salvo en aquellos casos en los cuales exista un acuerdo colectivo o individual que fije una cantidad superior a lo establecido en la ley vigente. Esta es una estrategia bastante común, pues, permite a la empresa evitar impugnaciones judiciales. Así como, al trabajador obtener una indemnización por encima del máximo legal establecido.

Así, la indemnización suele provenir de negociaciones internas entre la empresa y los empleados, o sus representantes. No obstante, los expertos aconsejan asesorarse adecuadamente antes de aceptar cualquier acuerdo.

Por otra parte, cuando las circunstancias económicas de la empresa no permitan cubrir el importe de indemnización, el pago será menester de FOGASA.

Plegarse al plan de recolocación laboral

Cuando el ERE de extinción, impacta en una cantidad superior a 50 empleados, la empresa debe proporcionar un plan de recolocación. Los costes de este plan son abordados por la compañía en cuestión, y debe tener una duración mínima de seis meses.

Este tiene como propósito ayudar a los afectados a ubicarse en una nueva posición laboral. Para ello, la empresa contará con el apoyo de entidades especializadas con autorización del Servicio Público de Empleo Estatal.

Así, cubre acciones tales como formación profesional y asesoramiento personalizado en la búsqueda activa de empleo. El plan de recolocación está dirigido a todo el personal despedido, sin importar el cargo que ocupaba o su nivel de jerarquía.

Si bien es obligatorio para la empresa, los empleados pueden optar por participar o no. Así, de acuerdo con lo indicado por el despacho de abogados Blasco Martínez de Zaragoza, esta es una buena alternativa. Esto favorece el encontrar un nuevo empleo en menos tiempo. Además, no impacta sobre los derechos anteriores.

Impugnar el despido ante los tribunales

Este paso es el último recurso, y sólo debe seguirse cuando la empresa vulnere los derechos del trabajador señalados en la ley en caso de EREs. Las impugnaciones pueden gestionarse directamente por el empleado afectado. Aunque también puede llevarse por medio del sindicato respectivo.

Asimismo, cuando la autoridad pertinente sospecha de la existencia de fraude, engaño o coacción, asigna un funcionario público. El juzgado correspondiente se encargará de analizar las circunstancias del caso, a fin de determinar la legalidad del curso seguido por el ERE.

Posteriormente, emitirá el fallo sobre el caso, este bien puede ser procedente o improcedente. En el último caso, la indemnización podría elevarse hasta 45 días por año trabajado.

Ante un ERE siempre es aconsejable solicitar asesoría legal. Sin embargo, cuando se trata de impugnaciones ante los tribunales, esto es totalmente indispensable.

DPH SONNAR

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