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Sonia Lasierra, Antonio Cosculluela y Daniel Gracia. Ángel Huguet.
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La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central firmaron el pasado 4 de agosto un acuerdo para garantizar que los entes locales puedan invertir el superávit y los remanentes como inversiones en los propios municipios.

Este pacto abre a los ayuntamientos un abanico de posibilidades que estaban restringidas desde que el Gobierno del PP aprobara en el año 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impidió a los ayuntamientos tener déficit y ante el superávit solo les deja una alternativa: amortizar deuda bancaria.

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A pesar de que muchos ayuntamientos del Alto Aragón y la Diputación Provincial de Huesca siempre han pedido el uso de todos sus recursos, el acuerdo reciente permite a la administración local usar sus remanentes de forma autónoma, y recibir una aportación extraordinaria de 5.000 millones de euros que no tendrán que devolver, suspende la aplicación en 2020 de la regla de gasto que tanto ha constreñido las finanzas municipales y además abre la posibilidad de extender esta medida a 2021. También, entre otras cuestiones, facilita la inversión del superávit de 2019 y garantiza ayuda a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no tienen ni superávit ni remanente.

En ocho años es la primera vez que el Gobierno central abre las puertas a las necesidades y exigencias que los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Huesca vienen demandando durante este tiempo para evitar seguir constreñidos. Es la vía legal más rápida para dar respuesta a un problema que el PP generó y que su respuesta ahora es la de rebelarse y buscar visibilidad mediática.

La oferta actual del Gobierno central, además de seguir abierta al diálogo -frente a la cerrazón del PP- es una respuesta en positivo y legalmente, hoy por hoy, sólo hay una forma de gastar esos remanentes: préstamo al Estado y retorno a los ayuntamientos sin que nos compute en el déficit.

Durante todo este tiempo, los ayuntamientos más pequeños han acatado con responsabilidad y solidaridad una dura normativa, a la que se llegó ante la deuda generada por las administraciones de mayor ámbito territorial, así como también administración local de mayor población como, sobre todo, las grandes ciudades. En el caso de la administración local, eran – y siguen siendo – los ayuntamientos más grandes los que copan los primeros puestos del ranking de deuda y de incumplimiento de criterios financieros y presupuestarios recogidos en la ley.

Ya en anteriores debates en la Diputación de Huesca sobre el anteproyecto de racionalización de la administración local se expuso que los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes representan sólo el 1,2% de la deuda total municipal de España; mientras que los seis municipios de más de 500.000 habitantes acumulan el 30% de la deuda municipal. Una de las razones fundamentales que se esgrimieron para la aprobación de la Ley de Racionalización de la Administración Local por parte del Partido Popular era la deuda de la administración local, deuda que suponía en 4% de toda la deuda pública de España (78% gobierno central y 18% comunidades autónomas).

Del 4% de las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, comarcas y mancomunidades), el Ayuntamiento de Madrid superaba el 20% de toda la deuda de las administraciones locales en ese momento y el resto de las capitales de provincia (49) superaban el 25%.

O sea, de cada 100 euros de deuda, 50 correspondían a las capitales de provincia. En cambio, los ayuntamientos de menos de 1000 habitantes (más de 5.000 en España) únicamente representaban algo más del 1%.

Desde la Diputación Provincial de Huesca se viene solicitando desde el año 2012 al Gobierno central la misma reivindicación: no sacrificar a los pequeños ayuntamientos o municipios en aras de las grandes ciudades y tener en cuenta a la administración local pequeña, no ahogándola ni constriñéndola y permitiéndole la gestión de sus propios recursos ya que nunca han sido el problema.

El Gobierno central aplicó la Ley de Racionalización de la Administración Local por la mala gestión de las grandes ciudades, siendo paganos de esa mala gestión los municipios pequeños, la mayor parte de ellos con remanentes y con una situación económica saneada en sus municipios, debiendo sufrir todas las limitaciones y condicionantes que dicha Ley aplica: techos de gastos, equilibrio presupuestario, tasas de reposición, masa salarial, etc.

Esa Ley de Racionalización del PP suponía un castigo para los municipios de menos de 20.000 habitantes y no para quienes habían generado los mayores niveles de déficit y endeudamiento de la administración pública. Castigaba a los pequeños pueblos por el endeudamiento público provocado en las grandes poblaciones.

Y curiosamente vuelven a ser hoy las grandes ciudades las que demandan repartos por habitantes y las que se oponen a la fórmula pactada desde la FEMP para el uso de remanentes y superávits, obviando todos los discursos y planteamientos políticos de los costes de servicios, infraestructuras y déficits de tantas necesidades de la España interior, rural y cada vez más vacía.

No en vano, en noviembre de 2017 el Presidente de la citada institución provincial solicitó por carta al Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, “la búsqueda de soluciones para permitir a la administración local la gestión de nuestros propios recursos sin las restricciones que las leyes actuales nos imponen”. En dicha petición se incluía la propuesta de que dichos remanentes pudieran ser utilizados preferentemente en los temas de despoblación, conocido por todos, el principal problema de esta provincia.

Ante la situación actual, cuando se posibilita a los ayuntamientos la primera y única alternativa que en los últimos 8 años ha abierto un Gobierno central para que la administración local, de forma voluntaria, use sus remanentes para un amplio abanico de inversiones, y ante las dificultades actuales generadas por la pandemia COVID y que en el caso de los pequeños municipios vienen a sumarse a las que ya arrastraba ante la ausencia de normativas y legislación ad hoc, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Barbastro presenta, para su debate en el próximo Pleno, la siguiente

Propuesta de Resolución

– Instar al Ministerio de Hacienda y a la FEMP a que sigan profundizando en acuerdos que supongan mejoras al pacto firmado el 4 de agosto y donde se avance en soluciones a reivindicaciones de algunos ayuntamientos carentes de remanentes.

– Que se incluyan las comarcas al acuerdo adoptado por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno central, para garantizar que puedan invertir el superávit y los remanentes como inversiones en las propias comarcas..

– Que en ningún caso esos avances y soluciones a esas reivindicaciones de municipios, sobre todo de grandes ciudades, suponga una merma ni a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ni a las diputaciones provinciales.

– Manifestar nuestro apoyo al acuerdo firmado el 4 de agosto entre la FEMP y el Gobierno central por lo que supone de avance a las reivindicaciones permanentes de los ayuntamientos para poder usar sus remanentes, aspecto que mejorará sustancialmente las disponibilidades presupuestarias de los entes locales.

– Manifestar nuestra incomprensión por la actitud de alcaldes y ayuntamientos que anteponen el uso partidista y político desde sus municipios, al dictado de los dirigentes de su partido político, que buscan el desgaste del Gobierno central, anteponiéndolo al interés de sus ciudadanos y vecinos.

– Esos ayuntamientos contrarios al acuerdo del Gobierno central con la FEMP renuncian de facto a inversiones en sus municipios y que dentro de la libertad y autonomía eligen la vía actual de la Ley Montoro y seguir condicionados con los techos de gasto y todas las limitaciones legislativas, entre otras, el uso de sus propios remanentes.

– Rechazar aquellas posturas partidistas que buscan más el foco mediático que el interés de sus ciudadanos.

– Defender a los ayuntamientos de la provincia de Huesca en tanto en cuanto son voluntarios de poder usar sus remanentes en aquellas inversiones que demandan sus ciudadanos.

– Trasladar al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, a la FAMCP, a la FEMP, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Parlamento Aragonés y de la Diputación Provincial de Huesca esta moción así como a la Comarca correspondiente.

dph

10 Comentarios

  1. Antes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, de 2012, (al parece causante de todos los males) hubo otra Ley de estabilidad similar del PSOE. Ambas por imposición de Bruselas.

  2. Lo que yo no entiendo como esta ley Montoro tan denostada y vituperada por la izquierda sigue en vigor. ¿ Por qué no la deroga o modifica el PSOE y compañía ?. Aquí hay algo que no cuadra.

  3. Para don Armando:
    Con el PSOE fueron dos leyes de estabilidad: la ordinaria 15/2006, de 26 de mayo, y la orgánica 3/2006 de ese mismo día. Posteriormente un Real Decreto, de 27 de diciembre de 2007, refundió todo lo anterior en materia de estabilidad (BOE de 31-12-2007)
    Todas copiaron la estructura de la ley 18/2001, del 12 de diciembre (de tiempos del malvado Aznar…)
    En el Preámbulo de la ley socialista 15/2006 se reconoce que las anteriores leyes de PP fueron eficaces para mejorar la gestión presupuestaria. Posteriormente otra Exposición de Motivos socialista las calificó de necesarias para el encaje fiscal en la Unión Europea.
    Bruselas…

  4. Las similitudes que usted dice encontrar son consecuencia de las imposiciones presupuestarias de la UE: y son las consecuencias de no pintar nada en Bruselas.
    Pero debería saber que esa idílica estabilidad presupuestaria es, en puridad, consecuencia directa de la modificación del Artículo 135 de la Constitución Española, modificación que se materializó un 23 de agosto de 2011, esto es, a escondidas. Con el apoyo del PSOE, PP y UPN fue aprobada una reforma de la CE que, merced a la “agostidad” y otras triquiñuelas, no necesitó referendum para ser aprobada.
    Tras esa bajada de pantalones ya podemos tragar carros y carretas. Es el mercado, amigo.
    Pero yo entonces solo era diputado por Ávila.

  5. Con Ayuso está perdiendo entidad, y la minúscula refleja lo que hay. A ver si por “ higiene democrática” la sacan los progres de en medio y la ciudad recupera su magnanimidad y normalidad democrática.

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