MEDIDAS
El Papa Francisco en 2017 se dolía de haber llegado tarde para atajar los abusos y de que la jerarquía eclesiástica no hubiera tomado conciencia del problema a tiempo. Mas todo ha quedado en bonitas palabras y golpes de efecto ante los medios de comunicación; una inacción que irrita, no solo a víctimas y supervivientes, sino incluso a los miembros de la curia más predispuestos a la acción y a la limpieza exhaustiva, como es el caso de Peter Saunders, exmiembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, que renunció de su cargo en 2016 harto del encubrimiento de las aberraciones sexuales en el seno de la Iglesia –especialmente por parte de algunos jerarcas de su curia, como es el caso del cardenal George Pell– y de su silencio. En el momento de justificar su renuncia aseguró: «Francisco tiene el poder para actuar, pero no ha hecho nada».
Por consiguiente, sin una apertura de la Iglesia Católica, difícilmente se emprenderá una lucha decidida contra los graves problemas que en estos momentos la acosan, entre los que destacan, por supuesto, el de la pederastia. Ha llegado el momento de apostar por una Iglesia sustentada por hombres cabales e íntegros y no infantilizados o enfermos, más fraternal que feudal, menos machista y clerical y más abierta a las necesidades de los creyentes, en particular, y del mundo, en general.
Miguel Hurtado, portavoz de las víctimas de abuso sexual en la Iglesia en España, reclama desde hace años una comisión de la verdad independiente, que llame a los jerarcas eclesiásticos a declarar y que les exija la entrega de los archivos de la perversión. Las oficinas dependientes de los obispados que hasta ahora se han hecho cargo de los casos ya han demostrado su inefectividad, y solo han logrado, hasta el momento, que las víctimas salgan más traumatizadas que entran en los largos procesos.
En la Iglesia debe abolirse la cultura de la hipocresía y de la doble moral que arrastra desde sus inicios. La Cumbre antipederastia celebrada en Roma hace algún tiempo fue calificada de FRACASO por todas las asociaciones de afectados del mundo, precisamente por esa tendencia al fariseísmo y a la simulación de esta. La conclusión de las mismas es que mientras sea la propia Iglesia quien se investigue a sí misma, sin permitir que lo hagan organismos independientes, no se va a resolver el problema. Frente a las 21 medidas anunciadas por el Papa, vacías de contenido, se proponen otras 21 por los afectados. Las líneas que las guían se dividen en tres subgrupos: responsabilidad de los obispos, rendición de cuentas y transparencia. Entre las proposiciones caben destacar las siguientes:
Acabar con el secreto pontificio y obligar a la Iglesia a denunciar a todos los pederastas ante la policía.
Que toda la documentación e informes sobre las investigaciones canónicas relativos a los casos de abuso sean transferidos a las instancias de la justicia ordinaria.
Que el Vaticano ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicadas en 2014, en las que se aconseja «la destitución de los cargos eclesiásticos implicados en el silenciamiento de los casos de pederastia y que se entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de dichos abusos sexuales».
Que se elimine la inmunidad de los diplomáticos vaticanos y que se deje de gestionar el problema de la pederastia de manera interna.
Que las Conferencias Episcopales reserven parte de su presupuesto para las indemnizaciones a las víctimas de abusos.
Que se hagan públicos todos los registros y archivos con los religiosos que han cometido excesos con menores, incluidos los ya apartados o fallecidos.
Que se decreten nuevas leyes donde los niños adquieran más derechos y los clérigos pierdan sus privilegios. Es decir, considerar al sacerdote como un mero profesional, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano.
Acabar con los secretos, tanto de confesión como de pontificio, en los casos más graves, y que cualquier miembro de la Iglesia pueda informar a las autoridades pertinentes con total libertad y sin la amenaza de los severos castigos que pesa sobre ellos en la actualidad. (Recordemos que, en gran parte, la falta de denuncias internas se debe al secretismo ancestral de la Iglesia. Además, muchos sacerdotes temen denunciar de pederastia a sus compañeros porque estos los pueden denunciar a ellos de otro tipo de relaciones sexuales, que no son delito, pero que contravienen la doctrina de la Iglesia).
Aplicación de las leyes y los convenios internacionales de derechos humanos que España ha suscrito, y no continuar con la hipocresía de las autoridades estatales, que temen, aún hoy, molestar a la Iglesia por miedo a que la denuncia no les sea rentable.
En esta coyuntura tan favorable para la Iglesia, no es de extrañar que el expresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, asegurase en su día que no entraba en sus planes encargar investigaciones sobre los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en la Iglesia española en el pasado. Aunque, posteriormente, forzado por las recomendaciones del papa Francisco, afirmase que animaría a denunciar ante la Justicia cualquier caso de abusos a menores del que se tuviera conocimiento.
