La larga crisis sanitaria pone en evidencia los déficits de una educación obligada a ser semipresencial. Sentimiento de frustración y abandono es lo que experimentamos muchas familias al ver que está situación se alarga en el tiempo y que nuestros hijos/as, ven mermados su derecho a la educación por este sucedáneo denominado “semipresencialidad”.
Todos comprendemos que la defensa de la salud es primordial pero parece justo buscar un equilibrio entre dos necesidades esenciales del ciudadano. Con el bagaje de estos últimos meses se constata que los focos de transmisión en centros escolares han sido muy inferiores a lo esperado.
Sin embargo, este tiempo ha producido estragos en el interés, en la adquisición de hábitos, y, por supuesto, de conocimientos del alumnado de 3º,4º de ESO y 1º de Bachillerato, por no hablar de la injusticia y discriminación que supone que en algunos institutos haya presencialidad total. Nos acallan con el “mantra “de que en las próximas semanas se solucionará, pero nos cansamos de esperar y queremos transmitir nuestra gran preocupación.
Los centros escolares y sus equipos directivos han adquirido unas responsabilidades que van mucho más allá de sus competencias, ejerciendo un control educativo y sanitario a la vez. Y lo han hecho bien. No son ellos a los que acudimos solicitando la presencialidad, sino al Gobierno de Aragón. En estos días previos a las vacaciones la Administración tiene que planificar la vuelta a las aulas porque la improvisación no tiene cabida en un asunto de tanta trascendencia.
Como ciudadanos preocupados y conscientes , creemos que la situación actual está llegando a un límite insostenible, en el cual se requieren medidas urgentes.
