El Museo Diocesano de Barbastro está preparado para la devolución de los bienes. JLP.
Pintura sobre tabla de Tamarite de Litera.

El próximo 10 de marzo debería cumplirse uno de los anhelos de la diócesis de Barbastro – Monzón: el regreso de la totalidad de las piezas de arte sacro reclamadas desde hace 25 años a la diócesis de Lérida que las custodia en calidad de depósito. 28 ya están en los almacenes del Museo Diocesano pasando la cuarentena por la COVID-19 y a la espera de un exhaustivo análisis de expertos para conocer su estado y posterior restauración. Las 83 restantes, las más valiosas, deberán regresar en dos traslados, uno el 5 y otro el 10 de de marzo. De ser así se cumplirá con el auto del juez Carlos Lobón que el 17 de diciembre pedía ejecutar provisionalmente su sentencia, emitida entonces hace un año. Un auto corroborado por la juez sustituta Pilar Juste y que ha conllevado la presentación de escritos de protesta desde Cataluña y a favor desde Aragón.

Retablo de Monzón. Foto Víctor Ibáñez.

Sin embargo con la llegada de las 111 piezas no habrá terminado este litigo. Las obras de arte podrían regresar a Lérida si las instancias superiores de los tribunales así lo estipulan. Es ahí donde se va a jugar la siguiente batalla. Primero en la audiencia provincial de Huesca, puesto que la sentencia de diciembre de 2019 del Juzgado de Barbastro en el que se sentenciaba que las 111 obras en litigio eran propiedad de las parroquias altoaragonesas –corroborando los que siempre habían dicho los tribunales eclesiásticos- fue recurrida por los letrados catalanes. La vista para dirimir este recurso de apelación –al que se opuso Barbastro-Monzón- podría tardar unos dos años, según estima el letrado de la diócesis de Barbastro – Monzón, Joaquín Guerrero, tomando como referencia el juicio de Sijena. “Salvo que se nombre una nueva sala para despachar este asunto, ya que pruebas no se pueden presentar”, explica. Una vez haya auto de la audiencia provincial lo lógico es que este asunto llegue al Tribunal Supremo, siguiendo el recorrido legal del litigio que ha enfrentado a las dos diócesis, el de los bienes del Real Monasterio de Sijena. “Dependerá de la postura que adopte el obispo de Lérida ya que la Santa Sede ya dejo muy claro que las obras son de Barbastro – Monzón y no hay ninguna prueba en contra. Este no es el mismo caso que Sijena. Ya el Juzgado de Lérida dijo que esos bienes no eran del obispado ilerdense, ese juicio defendido por Hipólito Gómez de las Roces se recurrió y también se perdió. Si se plantean ir al Supremo, el obispo puede optar por abandonar el Consorcio y amenazar para retirar los bienes para que le hagan caso”, recuerda Guerrero.

MONZON
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El Juzgado de Barbastro debe resolver

Pero hasta iniciar esos pasos, quedan nudos por desatar en el Juzgado de Barbastro. La jueza sustituta debe de resolver diferentes escritos de oposición al auto de ejecución provisional de la sentencia. No hay plazo para dar respuesta, pese a que Lérida condicione la entrega de las obras a tener esas respuestas de la juez. Pero como matiza el abogado aragonés “la ejecución de la sentencia no se paraliza nunca por muchos escritos que se hagan salvo que el juez la anule. Eso no lo ha hecho la jueza que sí que deberá responder a esos escritos.  La orden de ejecución es determinante y no se puede decir que si no se responde no se cumple”. En este sentido, tanto el Consorcio Museístico como la Diócesis de Lérida siguen incumpliendo la sentencia que fijaba el 15 de febrero como fecha límite para la devolución de todas las 111 piezas. Por ese incumplimiento, los abogados de la diócesis Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón, que actúa como coadyuvante, han pedido a la jueza que establezca sanciones económicas. A este respecto, la jueza ha pedido una tasación de las obras para establecer las multas. 

¿Qué se pide en esos escritos?

La jueza deberá responder a tres escritos importantes de oposición a la ejecución provisional de la sentencia, presentado por la Diócesis de Lérida, el Consorcio Museístico y la Generalitat de Cataluña.

Los tres escritos mantienen las tres mismas tesis en esencia: los bienes forman parte de una colección indivisible, pese a que a que el Tribunal Supremo y el tribunal jurisdiccional así como el Juzgado de Barbastro ya han descartado este planteamiento; Los bienes están protegidos por la ley de patrimonio catalán al ser declarados de interés cultural (también salió a colación en el juicio de Barbastro y este argumento ya fue rechazado por el Supremo en un auto en el que quedaba claro que los bienes de una Comunidad no podrían ser catalogados por otra. Pese a ello, este argumento ha servido para recurrir la sentencia del juzgado de Barbastro a la audiencia provincial); y la tercera argumentación se centra en los posibles daños que estos bienes pudieran sufrir en los traslados a Barbastro y en su caso de regreso a Lérida si se ejecutaba la sentencia provisional (esta tesis también se alegó en el litigio de Sijena). Frente a este argumento cabe recordar que el Museo de Lérida ha contratado a una de las mejores empresas de transporte de arte, que ya transportó el ‘Guernica’ de Picasso, y que obras expuestas en el citado museo se cedieron para exposiciones en Filadelfia (EE.UU) y Barcelona.

El letrado de la diócesis aragonesa confía en que esos escritos sean rechazados, dado que los hechos contradicen esta argumentación, explica Guerrero pues el “obispo de Lérida es el que ha pedido al Consorcio que se devuelvan los bienes para evitar las sanciones. Los bienes ya no son indivisibles ni los protege la ley catalana de patrimonio porque algunos ya están aquí”.

Frente a estos argumentos contra la ejecución provisional de la sentencia, los letrados aragoneses han presentado sus propios escritos al Juzgado de Barbastro. En ellos se pide la ejecución inmediata y que sea la jueza la que debe marcar el plazo de entrega y en caso de incumplimiento que se establezcan responsabilidades económicas y penales.

El penúltimo episodio de este litigio llegaba el lunes con una carta de la secretaria judicial del Juzgado de Barbastro a las partes en la que comunicaba que la ejecución provisional de la sentencia era firme y que ésta se debía de haber producido el 15 de febrero. Asimismo indicaba que no se iba a interrumpir por las alegaciones presentadas, las cuales se responderán en su plazo.

Gobierno de Aragón
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dph

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