Esta semana el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre las piezas expoliadas del Real Monasterio de Sijena. Se trata del juicio de las 97 piezas que la priora de Valldoreix, vendió a la Generalidad y al entonces Museo de Arte de Cataluña determinados lotes de estos objetos en ventas realizadas en 1983, 1992 y 1994. Estas ventas se han declarado nulas porque la persona que realizó la venta, la citada, priora, es una persona jurídica diferente e independiente de quien actuó como vendedora. Y no es un “defecto de forma” como se dice por algunos historiadores catalanes.

Desde Cataluña, las instituciones ya han reaccionado y han puesto en marcha su particular “mantra”. Veamos algunas notas de ese “Mantra”.

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Para empezar diré, como dice el abogado de Villanueva de Sijena Jorge Español, que las colecciones se hacen con las piezas legalmente adquiridas. Aunque claro, precisemos, si la colección es ajena y beneficia a Cataluña se puede deshacer, recordemos los llamados papeles del Archivo de Salamanca.

Es verdad que el monasterio de Sijena fue construido en una laguna desecada. Pero existen obras de drenaje subterráneas medievales que permitieron que las obras se conservasen hasta el siglo XX. Venecia está llena de obras de arte y el Rijksmuseum de  Amsterdam también.  Ambas ciudades tienen canales cerca de estos edificios con su evidente humedad.

Pero lo que más duele en Cataluña es el envío de la Guardia Civil en aplicación del artículo 155. Quizás deberían recordar que a Roda de Isábena se envío las dotaciones de Almacellas, Benabarre y Graus de la Guardia Civil en 1857 para llevarse el Tesoro de la Excatedral. También se envío a este cuerpo de seguridad para expoliar el Archivo de Salamanca. Pero claro, como el destino era Cataluña nuestros vecinos no han protestado.

Sobre la oportunidad de la intervención en aplicación del artículo 155 debo decir que fue plenamente legal. Lo ilegal es desobedecer las sentencias de los tribunales e impedir la ejecución. Tampoco olvidemos que las autoridades vecinas, aprovechando la situación excepcional de la Guerra Civil se llevaron muchas bienes aragoneses que no han devuelto ni quieren devolver, por ejemplo las pinturas de la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena. Pero hay otras ocultadas en sus depósitos de las cuales no quieren mostrar su documentación porque revelarían su procedencia y como llegaron allí.

El gran problema que ha tenido Aragón es que no ha podido defender su patrimonio. Con la llegada de las autonomías y la nueva Ley de Patrimonio de Aragón llegó esta herramienta que permitió reclamar Justicia en los tribunales.

Pese a todo, las dificultades son enormes porque los procesos judiciales son complicados e interminables. Pero estos procesos judiciales han puesto de manifiesto como las leyes de patrimonio eran papel mojado. En el pasado, cuando se acudía a reclamar Justicia al Estado este miraba al otro lado. Esperemos que esto no ocurra más y que las leyes se apliquen correctamente.

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