NAVIDAD GOB ARAGON mitad

“Buenos días, presidente, señorías

no nos presentaremos con nombres y apellidos. Somos los portavoces de las madres y los padres de esta plataforma, somos madres y padres, como la mayoría de los que estarán hoy aquí. Representamos desde esta tribuna la rabia y el dolor que cualquier madre y padre comprenderá ante una condena injustas de SEIS AÑOS de prisión para cuatro de ellos, y a multas de más 14.000 euros y un año de libertad vigilada en el caso de los dos menores de edad, por el único hecho que está acreditado en el juicio y reconocido por ellos mismos: ACUDIR A UNA MANIFESTACIÓN.

FRANCO MOLINA CENTRAL

Queremos agradecer que hayan atendido nuestra petición, e intentaremos exponer nuestro caso brevemente para que puedan ayudarnos, si así lo consideran, y poner de su parte para revertir la injusta sentencia que pretende privar de libertad a nuestros hijos.

También agradecer el apoyo de diferentes miembros de la cultura, parlamentarios y europarlamentarios, y distintas organizaciones del ámbito político y civil que se han sumado a las muestras de apoyo y adhesión a los diferentes comunicados que solicitan la ABSOLUCIÓN DE LOS SEIS DE ZARAGOZA.  (LEER ALGUNOS APOYOS DESTACADOS)

Esperamos de ustedes, padres y madres, también que se sumen después de exponer nuestro caso y apoyen nuestra causa.

Una causa que pide la ABSOLUCIÓN de nuestros hijos.

Si estamos aquí no es por el convencimiento emocional de madres y padres que creen en la inocencia de sus hijos, ellos son inocentes porque NO hay pruebas objetivas que sustenten esta condena, y no las hay, porque son inocentes.  

La única vara de medir que usa el juez para justificar una sentencia que recoge DOS PENAS MÁXIMAS DE TRES AÑOS, son los atestados policiales, y la veracidad que se presume por ley de ellos.

Dio igual que en sede judicial los agentes entraran en contradicciones o no reconocieran las vestimentas de unos, el corte de pelo de otros. Como refleja la sentencia, el propio juez restó importancia a esta pérdida ocasional de memoria, ante los alegatos de las defensas, y cito de la sentencia:

“En cuanto a las supuestas contradicciones detectadas entre lo manifestado por algunos de los agentes en las comparecencias practicadas en la instrucción con lo declarado en sede plenaria no cuestionan su veracidad”

Cuando el único argumento para la condena de nuestros hijos fue la presunción de veracidad de la policía, sí, claro que sí es exculpatorio para los acusados que la policía no recuerde con exactitud los hechos. Una contradicción CUESTIONA LA VERACIDAD, y esto no es una opinión jurídica, es una opinión lingüística.

Su labor no es la de encajar un relato para justificar una sentencia, su labor es juzgar unos hechos, más allá de una idea ya preconcebida: SI ESTUVIERON ALLÍ, ALGO HARÍAN. Es lo que a uno le da qué pensar. Y como ciudadano le retrotraen a pensamientos que ya creíamos enterrados con la dictadura.

La actitud en sede judicial fue de hostigamiento contra los testimonios de la defensa, ninguno fue tomado en cuenta. Por eso creemos que hubo una ausencia de garantías procesales, por eso pensamos que la sentencia ya venía pensada de casa y que se juzgaron a unos jóvenes sólo por pensar de una determinada manera. La única prueba objetiva, las grabaciones de un vídeo de seguridad donde no se reconocía a las acusados, fue rechazada sin mayor instrucción que lo que él, el juez, percibía como visible o no, ante unas imágenes que deberían haber sido examinadas por un perito, y así garantizar los derechos que presumen la inocencia de cualquier procesado. Un juez no debería estar empeñado en la culpabilidad de alguien al que se le presume inocente.

La acusación es grave. Somos conscientes. Más grave sería mirar hacia otro lado cuando se dan casos, no es el único, donde se atenta contra las libertades de los y las aragonesas que ustedes han jurado defender en las Cortes de Aragón.

Así pues, creemos que esta sentencia o el pensamiento que hay detrás de ella, atenta contra el artículo 20.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice en su punto primero: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.”

Les pongo en situación, las detenciones fueron hechas a posteriori, horas después de los hechos de los que se les imputa, fueron practicadas en locales próximos y según una estética determinada. Fueron puestos a disposición judicial con unas pesquisas casi infantiles. Llegan a decir los agentes, que pudieron identificarles porque no llevaban la cara tapada ninguno de ellos, algo muy conveniente para poder señalar quiénes han sido, y que choca con las imágenes que todos vemos en televisión de las personas que lanzan objetos, tapadas hasta las cejas. En sede judicial el juez desestimará la grabación de los vídeos porque son imágenes poco claras y todos los que están lanzando piedras van con la cara tapada… casualmente todos no, todos menos nuestros hijos. Señalamos en este punto, que el criterio del juez y de la policía estuvieron siempre a favor de obra, a favor de una construcción de la verdad: no iban con la cara tapada, no se les puede reconocer en el vídeo porque todos iban con la cara tapada.

Señorías, estamos ante una fragante violación del artículo que ampara la libertad de reunión, según quiénes sean los que se reúnen y qué ideas defiendan. Por un lado se les permite manifestarse, por otro se les juzga sin garantías por participar en esa manifestación.

Todos leímos en prensa, hace unas semanas, como una joven fue absuelta gracias a una grabación de vídeo, tras los disturbios en una manifestación en Barcelona. A la joven se le acusaba de tentativa de asesinatos, de nuevo, la única evidencia era el atestado de los mossos, que “sin lugar a dudas”, como en el caso de nuestros hijos, señalaban a una joven que en el video ni se parece en altura ni en corte de pelo. Aquí las contradicciones fueron probadas indiscutiblemente. Señorías, es intolerable que en una democracia europea asistamos a estas prácticas de abuso de poder.

Tanto es así, que pareciera que estas detenciones y sentencias pretenden que en España no se salga a la calle con libertad, o que se haga con miedo. Como madres y padres, estamos orgullosos de que nuestros hijos sientan la necesidad de expresar sus ideas pacíficamente y, por otra parte, tremendamente preocupados por el agravio que se puede cometer contra ellos si no ponemos remedio a esta barbaridad de seis años de condena.

Creemos que este tipo de sentencias deberían someterse a un escrutinio mucho más escrupuloso en sede judicial con el fin de proteger el inviolable derecho a la libertad de expresión y reunión. Además de creerlo nosotras, por lo visto, la constitución española y los organismos que trabajan por el respeto de los derechos humanos, también lo apuntan en distintos artículos.

A este respecto se pronunció el Consejo de Europa que insta a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”. La revisión de la norma “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y de su impacto en los derechos humanos”, afirma la Comisión de Venecia en su dictamen.

También recomienda evaluar el comportamiento policial por los poderes que le otorga la ley y que no están compensados con medidas de control.

Porque aquí se trata, como ya decíamos al principio de esta intervención, de criminalizar el ejercicio de la manifestación misma. Por eso al juez le pareció paradójico que uno de los acusados reconociera estar en el lugar de los hechos y que no confesara lanzar piedras, y así lo expresa en uno de los párrafos de la sentencia. Permítannos, ya que el futuro de nuestros hijos es lo que está en juego, que veamos “paradójico” que una persona pueda ejercer el cargo de autoridad que representa un juez y haga una ostentación tan descarada de su posición y sume dos más dos, señalando a alguien sólo por participar en una manifestación, en detrimento de un derecho al que nos ampara la constitución y también proclama la declaración universal de los DDHH en su artículo 20.1. Nos gustaría que se investigara este tipo de pronunciamientos judiciales para equiparar sus poderes con nuestros derechos ciudadanos.

Gracias de antemano, por la atención. También queremos agradecer a los partidos políticos que han tenido a bien traernos a esta comisión, y a los que respetuosamente nos han escuchado. Ahora quedamos a disposición de sus preguntas.”

 

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