Podemos definir la competencia institucional desleal como aquellas acciones políticas que priman el rédito electoral en un territorio sobre la utilidad social en otro. Esta práctica se ejerce desde las instituciones públicas con el objetivo de beneficiar a aquellas circunscripciones más pobladas, particularmente, a las ciudades de Huesca y Zaragoza. Podemos comprobarlo en la competición liderada por estos ayuntamientos para captar nuevas inversiones y servicios, y en la desigual batalla que debe enfrentar el medio rural para ser receptor de alguna de estas iniciativas.

Dos ejemplos recientes ilustran este comportamiento de nuestras instituciones. El primero, la ubicación en Zaragoza de una potente inversión industrial por la firma Becton Dickinson, empresa que en origen tiene su centro productivo en la ciudad de Fraga. Y el segundo ejemplo, la decisión de Suelo y Vivienda de Aragón de desarrollar suelo urbano para la construcción de vivienda de alquiler en la ciudad de Huesca.

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En ambos casos, todo el poder político desplegado por los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca para conseguir estas inversiones va en contra de la necesaria planificación territorial que debe prevalecer en toda iniciativa alentada desde los poderes públicos. Nada se puede objetar de la actuación de los representantes de dichas ciudades en la búsqueda del máximo de oportunidades para sus conciudadanos. Pero no así del apoyo del gobierno autonómico a unas inversiones que en su emplazamiento definitivo, y sin valorar alternativas, pervierten el principio de vertebración territorial y lastran el desarrollo económico de otros territorios aragoneses. Unas decisiones políticas, pues, que refuerzan el sesgo inversor a favor de las grandes ciudades y que contradice, a la postre, toda la estrategia de defensa del medio rural realizada desde la administración.

Este trato privilegiado que reciben estas ciudades se justifica oficialmente con argumentos de lo más variado. En el caso de la “deslocalización” a Zaragoza de la inversión de Becton Dickinson se aduce los problemas para encontrar trabajadores para la nueva factoría dada las limitaciones de la población activa en su actual localización. De esta afirmación se desprende que deben ser los habitantes del medio rural los que deben desplazarse a la capital para poder optar a este tipo de oportunidades profesionales y que el camino inverso, de la ciudad al campo, es del todo inviable. ¡Cómo si la despoblación del Aragón rural no tuviera nada que ver con esta concentración empresarial! Aviso a las gentes de Fraga: las inversiones nuevas sustituyen, en la largo plazo, a las viejas.

El caso de Suelo y Vivienda de Aragón es más flagrante ya que es una sociedad pública dependiente de la Consejería de Vertebración Territorial. La decisión de promover vivienda de alquiler en la ciudad de Huesca es otro ejemplo de favoritismo institucional que va en contra de los intereses del resto de la provincia. ¿Acaso no tiene la capital un mercado inmobiliario más desarrollado que el de cualquier otra localidad de la provincia? ¿No debería el gobierno aragonés centrarse en promover vivienda en nuestros pueblos y localidades intermedias y dejar a la iniciativa privada los desarrollos inmobiliarios en las grandes ciudades? ¿Piensa la DGA que el problema de la vivienda se ciñe al ámbito urbano? En el fondo, las limitaciones presupuestarias que arguyen desde el gobierno de Aragón siempre acaban recayendo ahí donde el valor electoral -medido en votantes- es inferior; convirtiendo, de esta manera, la acción política en un mercadeo de intereses en la que nuestra comarca y las vecinas son reiteradamente perjudicadas.

Estos ejemplos, y muchos otros, retratan la doble vara de medir y de actuar de la política autonómica a la hora de equilibrar territorialmente las oportunidades laborales y de vivienda en el conjunto de Aragón. Una competencia desleal que se ejerce desde las instituciones y que deja, a su paso, ganadores y perdedores.

 

dph

3 Comentarios

  1. Zaragoza, Binéfar, Fraga, Tamarite, Monzón etc., y aquí desde hace más de dos legislaturas, seguimos, con Comisiones, Mesas, Estudios, Proyectos, Cuadernos, Consultoras y muchos contactos de no se qué, para no se qué. Y mientras tanto a verlas pasar. Resulta muy extraño y a la vez curioso, que en todas las principales ciudades de la provincia se instalen importantes empresas, menos aquí. Será que nos sobra el trabajo y sobre todo especializado? Ahí lo dejo.

  2. Otro caso flagrante, el Ministerio de Transporte construirá la variante sur de Huesca…aquí la variante norte de Barbastro la hemos pagado todos los barbastrenses de nuestro bolsillo….quizás sea también por miopía de la antigua alcaldía de no hacer un proyecto mas ambicioso como en la capital de la provincia .

  3. Efectivamente dice Vd. bien Sr. Willlian Wallace. La Variante Norte, ahora llamada “Ronda Vino Somontano” (poco han discurrido con el nombrecito), que por cierto ni es Ronda, ni Variante, ni nada, sino una calle más construida chapuceramente para favorecer a un determinado colectivo, amiguetes de Cosculluela y joder bien jodidos a los expropiados saltándose la Ley a la torera. Como bien dice Vd., esa variante Norte o como se le quiera llamar, la hemos pagado entre todos, pero me gustaría puntualizar, si me lo permite, que algunos hemos pagado mucho más que otros, porque tras arrebatarnos forzosamente nuestras propiedades hace ya seis largos años, hoy es la fecha que ni este Ayuntamiento ni el anterior, han tenido la decencia de indemnizar a algunos de los expropiados entre los que me hallo. Que se puede esperar de un Ayuntamiento en el que sus dirigentes, políticos de foto y salón, no son capaces de respetar al ciudadano en éstos y otros asuntos y mucho menos de solucionarlos en su momento y con Justicia. Como para que solucionen el futuro de esta ciudad !!

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