Marisol Cáncer, concejal de Barbastro en Común.

Barbastro en Común denuncia la falta de previsión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barbastro, PP – Ciudadanos, en la tramitación del convenio con el departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón para finalizar las obras de la travesía de la carretera de Salas. Una falta de previsión que se constata en la inminente firma de un convenio sin haber aprobado ni la partida presupuestaria, ni el proyecto urbanístico. Como tampoco se tiene la titularidad de los 70 m2 en torno al Silo cuyo proceso de expropiación puede durar meses, como ha reconocido el propio alcalde en su última comparecencia pública.

El pasado día 10 de febrero se aprobó en pleno un convenio entre la DGA y el Ayuntamiento de Barbastro que en principio parecía ser muy beneficioso para esta ciudad. Después de años esperando, la DGA toma la decisión de aportar 266.636,91 € para las obras de la carretera que va de la Avenida de Navarra hasta el barrio de San Juan. El proyecto contempla una calzada de doble sentido, paso peatonal y la rehabilitación del puente de Santa Fe.

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Con este convenio el Ayuntamiento tiene el deber de aportar 173.140,24 € de los presupuestos del 2022, el 40% de la intervención y el otro 60% lo aporta el Gobierno de Aragón.

Vista general de los restos humanos visibles en el corte del talud.

Barbastro en Común valora el convenio que se va a firmar con el Gobierno de Aragón pero sin embargo optó por la abstención en el pasado pleno debido a que “la firma de este convenio en estos momentos llevaba detrás problemas relacionados con el mal hacer del equipo de Gobierno. Mal hacer que por otra parte quedó bien recalcado en el informe jurídico de la secretaria de este Ayuntamiento y el informe económico del interventor”.

Mari Sol Cancer, concejal de Barbastro en Común, critica que el Ayuntamiento de Barbastro “firma el convenio asegurando que tiene ese dinero, pero todavía no ha sacado los presupuestos del 2022. Firma como que tiene un proyecto aprobado, sin embargo, dicho proyecto ni siquiera lo han llevado a comisión para su posterior aprobación, licitación, etc. Y por último firma como que es propietario de todos los terrenos, pero todavía está en tramite la expropiación de una parte, que en este momento es propiedad de FEGA”. Añade la portavoz de Barbastro En Común que el periodo de vigencia de este convenio es hasta el 31 de diciembre del 2022 y especifica claramente que “cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes firmantes de este convenio sobre su interpretación, ejecución o resolución, será resuelta por el Orden Jurisdiccional Contencioso–Administrativo”.  Así las cosas, para Marisol Cáncer, el equipo de Gobierno municipal firma con la DGA “un documento de forma alegal, o digamos que como poco, de forma muy irregular”.

Desde Barbastro en Común recalcan la falta de previsión máxime tras escuchar las palabras del alcalde “cuando dice que a lo largo del 2021 ha tenido varias conversaciones con la DGA relativas a este proyecto”. “En vistas de una posible solución para unas obras tan necesarias que van a representar un gran beneficio para la ciudad, pero sobre todo para los vecinos del barrio de San Juan, el equipo de gobierno debería tener su trabajo finalizado”, sentencia la formación.

 

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