No resulta nada tranquilizador que se haya llegado a escenificar una reunión entre la Subdelegación del Gobierno y los alcaldes de la zona para abordar el incremento de los delitos en nuestras comarcas. Tampoco ayuda a calmar los ánimos de los afectados que los responsables policiales insistan en que la delincuencia que padecemos está por debajo de la media nacional y que el trabajo de las fuerzas de seguridad se realiza con total normalidad. Estas declaraciones, como otras anteriores, empiezan a sonar a excusas vacías y a evasivas para salir del paso.
El aumento de los delitos contra la propiedad tiene una especial incidencia en el medio rural. Así lo confirma el informe especial del Justicia sobre “Seguridad en el Ámbito Rural” que analiza la magnitud de esta criminalidad en los municipios de Aragón. Según este estudio, la despoblación del medio rural esta detrás del agravamiento reciente de los problemas de inseguridad. Un hecho evidente que podemos comprobar en nuestros pueblos cuando vemos la cantidad de casas y construcciones que están cerradas durante largos periodos de tiempo y que, a la postre, resultan un reclamo irresistible para los ladrones. Empeora esta grave situación la gran extensión de territorio que se debe salvaguardar y los pocos residentes fijos que pueden hacer una labor de “control” de sus propiedades y las de sus vecinos.
Escasez de agentes
La escasez de agentes de la ley destinados a cubrir las necesidades de seguridad en las localidades del medio rural, así como, las penosas condiciones materiales en las que se desempeña dicha responsabilidad -el cuartel de la Guardia Civil en Barbastro es el mejor ejemplo de esta indignidad- exige una denuncia firme por parte de todos los ciudadanos y por los grupos políticos con representación en las distintas instituciones. Esta lamentable situación es un ejemplo de primer orden del abandono que sufre la ruralidad por las instituciones políticas y de la desigualdad que padecen los habitantes de nuestra comunidad autónoma según su lugar de residencia. Hay que insistir que la escasa presencia de los cuerpos policiales en el medio rural es una decisión política cuyo efecto directo no es otro que una mayor inseguridad para los residentes y sus bienes.
A casi nadie le sorprende ya la avalancha de noticias sobre allanamientos y robos que se producen en los hogares y en las fincas de labor día tras día. Esta marea delictiva está extendiendo entre la ciudadanía la sensación de que los malhechores actúan con una total impunidad y por consecuencia abonando una creciente desconfianza con aquellas instituciones que deben velar por la seguridad de todos. No estamos, realmente, en un escenario donde campa a sus anchas la impunidad pero sí ante una situación de desprotección con daño para la ciudadanía. Esta desprotección del espacio rural durará el tiempo que tarde la clase política en dar con una respuesta adecuada a este fenómeno delictivo propio.
Vulnerabilidad ciudadana
La secuela más grave en una víctima de un robo no está en el coste económico de lo sustraído en las casas, las fincas o las granjas si no en la sensación de vulnerabilidad que invade a esta persona después de un percance de esta naturaleza. Este sentimiento no debe llegar a arraigar, de ninguna manera, en nuestra sociedad. Dejémonos de postureos políticos en los medios de comunicación que buscan transmitir que la situación está bajo control. A día de hoy, no lo está.
