Varios

Las cinco organizaciones ecologistas denuncian graves presiones sobre el Ministerio de Medio Ambiente para forzar una declaración positiva, como demuestran las afirmaciones públicas de representantes del propio Gobierno de Aragón a diferentes medios de comunicación o la convocatoria de manifestaciones con el apoyo del propio PSOE, que debería velar por el respeto al medio ambiente y por procesos de evaluación ambiental basados estrictamente en criterios técnicos y no políticos o electoralistas.

Las principales organizaciones ecologistas del país anuncian acciones legales en caso de aprobarse el proyecto y han escrito al Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, explicando nuevamente las razones por las que la construcción de esta infraestructura supone un grave error para el medio ambiente y para los propios regantes.

DPH

También han pedido a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que defienda una agricultura y un uso del agua realmente moderno y sostenible, que rechace las presiones y descarte este proyecto por ser obsoleto e injustificable desde todos los puntos de vista.

Los argumentos que se esgrimen en esta carta son múltiples. Las organizaciones insisten en que el embalse no tiene justificación alguna, ya que ni siquiera se han aprobado los regadíos de Monegros a que se pretende dar servicio.

Resaltan que, de aprobarse, se vería en riesgo crítico de sufrir daños irreversibles el Lugar de Interés Comunitario (LIC) «Bajo Gállego», tal y como concluyen organismos oficiales como el Instituto Geológico y Minero o el CEDEX.

Denuncian en dicha carta que no se ha evaluado el impacto que tendría el uso del agua de Biscarrués en los Monegros un ecosistema único que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de conservar. Además, hasta la fecha el propio Gobierno de Aragón no ha cumplido aún con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en 2000 y que permitieron que se cerrase el Procedimiento de Infracción por los regadíos de Monegros, y advierten de que la aprobación del embalse de Biscarrués reactivaría esta queja.

Las organizaciones ecologistas insisten en que el proyecto sólo atiende a las exigencias de un sector económico y de presión concreto, obviando el hecho de que por sus valores naturales el lugar donde se levantaría la presa es una zona que cuenta con unas 80.000 visitas al año, actividad que genera ya 300 puestos de trabajo que se verían comprometidos.

Por último, destacan la inviabilidad económica del proyecto y el engaño que supone para los propios regantes, ya que el elevado precio final del agua será incompatible con el rendimiento de las explotaciones agrícolas una vez que se realice la obligatoria e ineludible internalización de todos los costes que supone esta obra, como exige la Directiva Marco de Agua.

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