ciudadanos

Entrega de firmas en la subdelegación del Gobierno. Tal como os decíamos ayer en nuestra anterior entrada, esta mañana hemos procedido a la entrega de las alegaciones recogidas en estos últimos días en los diversos actos convocados por nuestra Plataforma y en los ayuntamientos de nuestro entorno (especialmente en Capella, Lascuarre, Tolva y Graus). En total han sido registradas en la Delegación del Gobierno de Aragón en Huesca 1.250 nuevas alegaciones de ciudadanos afectados por el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-El Arnero (Monzón)-Isona, que, sumadas a las 300 que ya se entregaron el pasado 23 de junio, a las enviadas a título personal por numerosos ciudadanos (cuya cifra tiene que ser elevada si tomamos en cuenta el número de copias del modelo de alegaciones entregadas o descargadas de este blog) y a las recogidas en el Pallars Jussà, sumarán, tal como os adelantábamos ayer, en torno a 2.000 alegaciones (probablemente incluso se superará esta cifra pues no podemos tener constancia de todas las alegaciones enviadas o registradas a título personal por ciudadanos y ayuntamientos que no se han puesto en contacto con nosotros).
A ellas deberíamos sumar también las que aún se espera recoger de aquí al lunes, que prometen ser bastantes por lo que nos han comunicado los miembros del ayuntamiento de Capella que nos han acompañado esta mañana en la entrega de alegaciones. Por ello, el mismo lunes (día en que finaliza el plazo de exposición e información pública del proyecto de Red Eléctrica de España) se procederá a una última entrega en Huesca de las que sean depositadas este fin de semana en los ayuntamientos antes nombrados.
En fin, después de todo este largo y tempestuoso proceso, debemos volver a preguntarnos:

¿Cabe decir, después de conocer la cifra de alegaciones a la que hemos hecho referencia, que nuestras tierras registran una baja contestación social -como pretende Red Eléctrica de España e incluso el MARM-?
¿Puede seguir defendiéndose, por tanto, el trazado elegido por Red Eléctrica de España, con el beneplácito del INAGA después de semejante contestación social? (téngase en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de las alegaciones procedentes de la Baja Ribagorza y la Ribagorza Oriental, lo que, si se tiene en cuenta la población de esta comarca, nos hace concluir que la inmensa mayoría de los habitantes de los municipios afectados han alegado contra la Autopista Eléctrica proyectada).
¿Puede el Gobierno de Aragón seguir apoyando, como hizo su anterior Consejero de Industria, una infraestructura que, tal como ha quedado patente, es insostenible medioambiental y socialmente?
¿No está obligado nuestro gobierno autónomo a rechazar frontalmente este proyecto cumpliendo con su deber democrático de llevar a término lo expresado en la moción de las Cortes de Aragón del 19 de febrero de 2009, en la que literalmente se decía lo siguiente?:

GOB ARAGON surge

«Las Cortes de Aragón, de acuerdo con los reiterados y unánimes pronunciamientos de la cámara contrarios a los proyectos de líneas eléctricas de Alta Tensión «Aragón-Cazaril» y «Graus-Sallente», instan al Gobierno de Aragón a que, en coherencia con sus acuerdos y actuaciones anteriores, proceda a:

Manifestar el desacuerdo con el Proyecto de Autopista Eléctrica (400 kilovoltios) Peñalba-Monzón-Isona, presentado por Red Eléctrica de España, S.A., por sus posibles afecciones medioambientales y sanitarias, y ante la falta de respaldo social producido.
Respaldar, con carácter general, los proyectos o alternativas de conexiones eléctricas que sean sostenibles social y medioambientalmente, que no hipotequen el futuro sino que resulten beneficiosos para los territorios por los que discurren, que posibiliten el aumento del consumo de la energía producida con fuentes renovables y eficientes, y que den respuesta a las necesidades energéticas de las zonas afectadas y de Aragón».

Ya veremos qué respuesta obtienen estas preguntas a través de los hechos (que es lo que cuenta); pero conste que, por nosotros, no ha de quedar a la hora de luchar con todas nuestras fuerzas y todos nuestros medios contra un proyecto injustificable e insostenible, en todos los aspectos señalados, y cuyo anteproyecto y E.I.A. hacen dudar incluso de su legalidad.

dph

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