Mujer Rural

El juez del Juzgado de lo Social de Huesca deberá decidir si rescinde los contratos de los cinco de los ocho empleados de la empresa barbastrense de suministros de la construcción Aixela a quienes se les adeuda ocho mensualidades y tres pagas extraordinarias.

Ayer por la mañana tenía lugar en Huesca el juicio entre los representantes de la citada empresa y de los cinco trabajadores que han pedido que se les restituya el contrato ante el adeudo de las citadas cantidades.

FRANCO MOLINA CENTRAL

La empresa, una histórica de la ciudad que suma su tercera generación y que está pagando notablemente la crisis económica por su vinculación con el sector de la construcción, mostró ayer ante el juez su intención de continuar en el negocio y aseguró que está tratando de captar financiación para asumir las deudas con los trabajadores.

Las explicaciones dadas por la empresa no convencieron a los trabajadores por lo que pidieron al juez que siga adelante con su petición para que se les rescindan sus contratos.

El representante sindical de UGT en el Somontano, Miguel Ángel Colomina, aseguró ayer que se ha optado por mantener la demanda «y ahora está en manos de su señoría que debería decidir si debiendo ocho mensualidades y tres pagas extras se extingue la relación laboral o si deben continuar».

Colomina, considera que de extinguirse la relación laboral de cinco de los ocho empleados «podría ser difícil que continuara la actividad de la empresa, porque se debería pagar 45 días por año como despido improcedente y aparte los pagos que se les adeuda».

El representante de UGT indicaba que el empresario ha lanzado un mensaje al juez y a los trabajadores de paciencia y continuidad: «Entiende que en breves fechas puede localizar esa liquidez y puede pagarla y seguir adelante con la empresa. Ojalá pueda hacerlo, es algo que todos deseamos y que solucione estos problemas de tesorería. Pero la situación es grave y el colchón de un trabajador cuando se le debe tantos meses y contando con que el Fondo de Garantía Salarial, en caso de que la empresa no tenga solvencia, sólo paga cinco meses. Los trabajadores no tienen la seguridad más que de cobrar cinco meses, pero nadie les asegura que puedan cobrar tres meses y seguir trabajando así es muy complicado».

La sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca podría emitirse en un plazo de quince días.

DPH

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