Industria refleja en una respuesta oficial su postura favorable a esta línea que recupera tramos de las descartadas Aragón-Cazaril y Graus-Sallente.
Chunta Aragonesista ha denunciado y mostrado su preocupación por lo que considera un cambio en la postura tradicional del Gobierno de Aragón contraria a los trazados de las líneas eléctricas Aragón-Cazaril y Graus-Sallente, cambio que, además, supondría no respetar los pronunciamientos al respecto de las Cortes de Aragón.
Así se desprende de la respuesta del departamento de Industria a una pregunta de CHA, en la que da su visto bueno al proyecto de instalación de la línea de muy alta tensión Peñalba-Monzón-Isona, cuyo trazado íntegro coincide con tramos tanto de la Aragón-Cazaril como de la Graus-Sallente, a pesar de que estas fueron descartadas hace ya varios años.
En esta respuesta, Industria señala que “se ha colaborado y coordinado tanto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como con Red Eléctrica de España para la planificación nacional de redes eléctricas”, planificación que excluye el proyecto Aragón-Cazaril pero en la que se incluye la nueva línea Peñalba-Monzón-Isona.
“¿Se puede estar a favor de una línea que es, en realidad, una fusión de las otras dos que ya quedaron descartadas, y que pasa prácticamente por los mismos sitios donde se concluyó que provocaba graves afecciones medioambientales?”, se ha preguntado el diputado Bizén Fuster, para quien “lo único que sería lógico, para ser coherente, es oponerse, puesto que este es el mismo proyecto aunque se quiera presentar como uno nuevo”.
Fuster ha recordado la lucha denodada mantenida desde 1985 hasta 1999 en distintos frentes contra la Aragón-Cazaril, que concluyó con la anulación del proyecto mediante sentencia firme del Tribunal Supremo. También, posteriormente, fue paralizada la línea Graus-Sallente. Las Cortes se pronunciaron en diversas ocasiones en contra de ambos proyectos.
La línea de muy alta tensión Peñalba-Monzón-Isona se encuentra actualmente en su fase más preliminar, exactamente en período de consultas para el estudio de impacto ambiental. Los municipios afectados se han organizado para presentar alegaciones, y las antiguas plataformas, especialmente la contraria a la Graus-Sallente, se han reorganizado de nuevo para luchar contra el proyecto.
