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El concejal delegado de Policía Local, Adelardo Sanchis, ha presentado el borrador de la Ordenanza Municipal de Peñas. El texto ha sido consensuado con las fuerzas políticas y representantes de las peñas y asociaciones de vecinos, y se prevé su aprobación en el próximo pleno de la Corporación. En esencia, la Ordenanza reúne la normativa relativa a peñas y chamizos (locales propios de las Fiestas de San Mateo) que el Ayuntamiento promulgaba por medio de Bandos de Alcaldía, y la mayor parte de su articulado se centra en la regulación del funcionamiento de esos espacios de reunión de jóvenes y adolescentes (alquiler, seguridad, personas responsables, contaminación acústica, alteración del orden público e infracciones).

Adelardo Sanchís. Foto S.E.Sanchis ha indicado que el Justicia de Aragón, en 2007, sugirió a la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias que animase a las administraciones locales a regular los populares «chamizos» (este nombre es propio de Monzón) dado que cada vez eran más numerosos y habituales. «El problema radica en las agrupaciones temporales de jóvenes que ocupan un local para reunirse los días de las fiestas (en los últimos años, también las semanas anteriores). En general, las peñas tradicionales cumplen la Ordenanza porque por su condición de asociaciones ya están sometidas a la legalidad», ha explicado.

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El responsable, el propietario

El concejal ha hecho hincapié en este extremo: el responsable de que el local alquilado para chamizo reúna las debidas condiciones de seguridad e higiene y cualquier otra que exija la Ordenanza, es el propietario. «Por pura lógica, si en el interior de un local ocupado por menores de edad se consume alcohol, el responsable será el individuo en cuestión», ha añadido.

Tolerancia cero

También ha remarcado que el Ayuntamiento se mostrará «tajante» en la exigencia del cumplimiento de la Ordenanza, la cual tipifica las posibles infracciones y establece la cuantía de las sanciones. El mensaje va dirigida tanto a los arrendatarios como a los arrendadores. «En materia de condiciones de seguridad inapropiadas, por un lado, y vulneración del derecho al descanso de los ciudadanos, por otro, tolerancia cero».

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