El pleno del Ayuntamiento de Barbastro aprobó ayer en sesión ordinaria con los votos a favor del PSOE, CHA e IU, la abstención del PAR y el voto en contra del PP, solicitar de la COJA (Comité Jurídico de Aragón) un informe jurídico para proceder a la retirada de la placa franquista de la iglesia de San Francisco.
La propuesta fue presentada por CHA de acuerdo con la ley de la memoria histórica aprobada en 2007. En 2004 a propuestas de IU ya se había presentado una moción similar en la que se acordó establecer conversaciones con el obispado, propietario del inmueble. Precisamente ese fue el argumento por el que el PP argumentó su voto contrario. «Estamos de acuerdo con solicitar el informe jurídico pero no con que tengamos atributos para hacerlo», señaló el portavoz popular Ángel Solana.
El portavoz del PAR, Javier Betorz, indicó que este debate debía contar con informes jurídicos antes de adoptarse medidas. Mientras desde PSOE, CHA e IU se mostraron partidarios de aplicar la ley de memoria histórica «antes de que el PP la quite», como apuntó Valero Aguayos, defensor de la propuesta.
Por otro lado, el pleno acordó por unanimidad la redacción de unas ordenanzas para la Policía Local en formato de reglamento modernizado y adaptado a los nuevos tiempos, donde se señale sus obligaciones y funciones. La propuesta fue presentada por el concejal del PP, Javier Hernández, que agradeció la buena acogida de la moción.
El Ayuntamiento ya tiene un borrador de la ordenanza sobre el que está trabajando y que se aplicará con rapidez como aseguró el portavoz socialista y teniente de alcalde, Jesús Lobera.
En cuanto a las propuestas de los grupos, se aprobó la del PSOE relativa a insta a la DGA la financiación para el mantenimiento de la Escuela Infantil Municipal.
También se aprobó la moción por urgencia de IU en la que se pedía rechazar el copago sanitario.
En cuestiones de trámite municipal se aprobó las tarifas del servicio de abastecimiento de agua, una bonificación del 80% a la Comarca para modernizar el parque de protección civil y la liquidación presupuestaria de 2011.
