El Partido Aragonés ha presentado en las Cortes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Aragón a que se dirija al Ministerio de Hacienda con el fin de :

1.- Extremar la coordinación entre ambas administraciones en la puesta en marcha de cuantas acciones sean precisas para prevenir y perseguir el fraude fiscal, medidas que deberán ser siempre prioritarias frente a cualquier fórmula de regularización.

CAMINO DE SANTIAGO

2.- Ante la inclusión de un gravamen sobre activos ocultos en el Real Decreto-ley 12/2012, negociar la cesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de la parte de la recaudación de este gravamen que, de forma proporcional, se estime que corresponde al fraude fiscal sobre los impuestos cedidos a la Comunidad (IRPF, IVA y Impuesto de Sociedades).
Antecedentes

El Partido Aragonés recuerda que las diversas administraciones conscientes del grave problema que supone el fraude fiscal y por tanto el rechazo social, administrativo y en su caso judicial, que merecen quienes defraudan al fisco, han puesto en marcha distintas medidas para minimizar estas irregularidades. Una de las medidas ha sido la reciente aprobación de un gravamen sobre activos ocultos, incluido en el Real Decreto-ley 12/2012, que ha abierto un intenso debate social y político. En este sentido el PAR recuerda que la economía sumergida representa una cuarta parte del PIB de Aragón, un 25,5 %, dos puntos por encima de la media nacional según un estudio del sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Por su parte el diputado portavoz en la Comisión de Economía de las Cortes, Antonio Ruspira, ha señalado que “en Aragón este tipo de economía se traduce en 8.355 millones de euros, con una merma recaudatoria de 1.206 millones”. En el conjunto nacional, prosigue el número 2 del PAR “la economía sumergida se situaría en el 23,3 % del PIB, lo que supone 244.134 millones de euros”.

Ruspira ha recordado que un estudio del Círculo de Empresarios cifra en unos 70.000 millones de euros el dinero que el fisco español recaudaría si se rebajase la actividad irregular a la media europea, que es del 19,5 por ciento y ha valorado que “el fraude fiscal tiene unas perniciosas consecuencias, agravadas en la situación económica actual, que repercuten en las arcas tanto estatal como autonómica, puesto que los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sobre el valor añadido y el de sociedades, tienen tramos cedidos a las Comunidades Autónomas”. Por eso, ha concluido, “hemos presentado en las Cortes de Aragón esta propuesta para su debate en pleno”.

DPH SONNAR

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