El Gobierno de Aragón ha indemnizado con 85.000 euros a los padres de una niña de tres años que falleció en el hospital de Barbastro al no ser atendida debidamente.

La niña acudió al hospital con diarrea, fiebre y vómitos el 17 de diciembre de 2010 y pese a constatar una temperatura de 40,5 grados y 123 pulsaciones, le diagnosticaron gastroenteritis y la remitieron a casa sin realizarle analítica de sangre ni de orina, ni TAC, ni escáner, ni radiografía.

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La siguiente madrugada, la niña inició amoratamiento de piernas, manos y labios, por lo que los padres la volvieron a llevar al Hospital de Barbastro, siendo atendida por la misma médica, que volvió a constar la temperatura a 39,2 grados e insistió en que era una gastroenteritis aunque ingresó en planta a la menor sin realizarle tampoco ninguna analítica.

La menor falleció a las 6.20 de la madrugada del 18 de diciembre de 2010, tras lo cual los padres acudieron a la Asociación El Defensor del Paciente y, por medio del abogado de Zaragoza, Ricargo Agoiz, interpusieron una reclamación administrativa contra el Gobierno de Aragón.

En el expediente, el informe de inspección médica manifiesta que no se le realizó la exploración externa que debía de haberse realizado sobre el aparato excretor y más concretamente sobre los riñones, “como debe hacerse en cualquier exploración física, que debe de ser completa”.

Asimismo, agrega que “no se recoge nada respecto de restos-vómitos, ni de heces, ni de orina” y apunta que debería haberse realizado una observación directa de los parámetros físico químicos de la orina e incluso “un sencillo uroanálisis y, en caso de duda, haber solicitado una analítica más completa y, si fuera necesario, una ecografía abdominal o renal”.

En el informe, fechado en octubre de 2011, consta que si todo ello hubiera resultado negativo, el diagnóstico que se le hizo el 17 de diciembre “hubiera sido correcto”.

Con respecto al día 18, el informe considera que a la llegada de la menor al hospital se le debía haber realizado una exploración general y completa “incluyendo el aparato excretor y realizando una observación directa de su orina”.

Por todo ello, inspección médica entiende que “no se aplicaron todos los medios necesarios de que se disponía para un mejor diagnóstico y tratamiento”.

En base a este informe, los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente han llegado a un acuerdo extrajudicial con la aseguradora del Gobierno de Aragón, por el que los padres han recibido 85.000 euros, como pago por la responsabilidad civil, según ha confirmado el abogado Ricardo Agoiz.

Una vez resuelta la responsabilidad civil, los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente en Aragón están iniciando los trámites para la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Guardia, para que se evalúe si existe responsabilidad penal aplicable a los médicos que atendieron a la menor.

Dicha denuncia, según Agoiz, será interpuesta “en los próximos días”.

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