El Consejo Provincial de Urbanismo decidirá hoy si aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estadilla o lo desestima haciendo caso a las alegaciones presentadas por los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción, Carrodilla Sostenible y L’ Aliaga partidarios de que toda la sierra de la Carrodilla sea declarada zona protegida y así evitar la instalación de un cantera.
Estos colectivos dieron ayer una rueda de prensa en la que explicaron la evolución que ha llevado este PGOU en los últimos años, desde el inicio de los trámites en 2007 en los que se planteó que la sierra de la Carrodilla tuviera la clasificación de Suelo No Urbano Especial por «los valores que en ellos concurren de carácter ecológico, paisajístico, cultural y deportivo».
Según explicaron el 5 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de Estadilla aprobó diversos documentos entre los que se incluía una modificación en los planos que eliminaba la protección de unas 40 Ha de la parcela 86 del polígono 25 que a su juicio tenía la finalidad de permitir la explotación minera en la zona de la empresa Jetprom. El 31 de enero de 2011 el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó el PGOU en lo referente a Suelo No Urbanizable. Pero este acuerdo fue suspendido por el Consejero de Obras Públicas el pasado 29 de junio como consecuencia de la presentación de múltiples recursos contra el cambio de nivel de protección realizado en parte de la mencionada parcela.
Tanto Ecologistas en Acción como Carrodilla Sostenible denuncian el incumplimiento de la normativa urbanística ya que la zona cuenta con yacimientos arqueológicos de reconocido valor, zonas de cauces discontinuos y «zonas potencialmente inundables» tal y como se recoge por una parte en el ‘Catálogo de Patrimonio Cultural: Yacimientos Arqueológicos’ y por otra, en carta de la ‘Confederación Hidrológica del Ebro (CHE)’ dirigida al Ayuntamiento de Estadilla.
Ayer también denunciaron la existencia de contradicciones en el PGOU de Estadilla como que el recinto de la parcela en el que se encuentran las zonas modificadas presenta una inclinación media del 33,9% muy superior al 15% que es el valor a partir del cual debe ser Suelo No Urbanizable Especial según el PGOU. Por otra parte, en el artículo 125 del PGOU se determina una categoría de Suelo No Urbanizable Especial correspondiente a zonas arbustivas protegidas. Y según explicaron el informe realizado por la empresa minera, en relación a la zona que se modifica su nivel de protección, indica que «el 84,23% de la zona a afectar por la actividad extractiva está ocupada por un hábitat de interés comunitario, incluido en el Inventario Nacional de Hábitat».
En este sentido critican al Ayuntamiento por su «política de opacidad» y que haga «caso omiso a más de 1500 firmas recogidas y entregadas en el mismo, en contra de las canteras y en consecuencia de la desprotección de estos terrenos» y que la Sociedad el Buñero, que gestiona estos terrenos, no haya convocado ninguna asamblea desde diciembre de 2008.
Por último apelan a las instituciones para que la sierra de la Carrodilla sea protegida por su «indudable valor ambiental, no sólo por la presencia de especies como el Trapezodirus carrodillae (registrado en el Museo de Historia Natural de París como especie únicamente localizada en la Sierra de la Carrodilla), o de especies en peligro de extinción como el águila-azor perdicera o el quebrantahuesos, sino que además conforma un paisaje y patrimonio cultural de primer orden».
Recuerdan que ayuntamientos y comarcas que disfrutan de la sierra están elaborando proyectos para asegurar la total protección de este entorno y que «de ningún modo se puede entender que se deteriore una parte importante de este espacio, con un impacto paisajístico visible desde decenas de kilómetros, incluida la autovía y dos carreteras nacionales».
Desde el Ayuntamiento el alcalde Jaime Facerías respondió en su día a estas acusaciones afirmando que el proyecto inicial del PGOU era un borrador susceptible de ser modificado y que este plan se ha tramitado cumpliendo la legalidad y atendiendo a las alegaciones presentadas.
También recordaba que desde que accedió a la alcaldía del municipio se ha conseguido proteger más del 90% de la sierra. E insistía en que el Ayuntamiento debe de atender las peticiones de licencias industriales y tramitarlas ante sus órganos competentes (en este caso INAGA y CHE) ya que en caso contrario incumpliría la ley.
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