El Grupo del PAR en las Cortes de Aragón ha presentado una iniciativa legislativa con la que pretende que no se cierren las líneas ferroviarias actualmente en servicio en Aragón por ser “indispensables” para una comunidad autónoma “como Aragón”. Así, el PAR ha instado al Gobierno autonómico a que se dirija al Gobierno central y defienda el mantenimiento de las líneas en funcionamiento, rechazando el cierre, y promoviendo su declaración de “obligación de servicio público”. El PAR entiende que así “tiene que ser” en atención a la función vertebradora y de cohesión, calidad de vida y desarrollo socioeconómico de un territorio como “el nuestro”.

En la proposición no de ley presentada para su debate y votación en las Cortes, el PAR también reclama una inversión pública adecuada para el mantenimiento y mejora, así como una apropiada planificación de servicios y frecuencias para los trenes de pasajeros.

Manu Blasco, portavoz del PAR en la Comisión de Obras Públicas, defiende que el mantenimiento del ferrocarril es “indispensable” en una Comunidad Autónoma como Aragón que siempre ha reivindicado y reivindica unos servicios de transporte ferroviarios dignos y con inversiones adecuadas. Blasco recuerda que el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito para la actual legislatura incluye “promover unos servicios de trenes regionales de calidad y frecuencias suficientes”.

El parlamentario ha argumentado que si se aplicaran los criterios de rentabilidad aducidos se incumpliría “la obligación de servicio público en una Comunidad como Aragón, en la que los trenes son pieza clave en el mantenimiento del medio rural, la vertebración territorial y el desarrollo socioeconómico”, más si cabe, subraya Blasco, “en una etapa de grave crisis económica como la que estamos viviendo”.
Antecedentes

El Grupo del PAR recuerda que el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario contempla una reestructuración de la red de trenes de media distancia con la supresión de líneas en el caso de que tengan una baja ocupación. Aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2012, recuerda, define los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público (OSP) y establece un plazo de seis meses para su aplicación, de manera que antes del 30 de junio el Consejo de Ministros definirá los trayectos sujetos a obligación de servicio público, que serán revisados cada dos años. Según el Gobierno, el criterio general es declarar como obligación de servicio público las líneas con un aprovechamiento superior al 15%, con excepciones en algunas en las que la ratio se sitúe entre el 10% y el 15%. El Gobierno central pretende que algunas de estas líneas que peligran puedan ser reemplazadas por servicio discrecional de autobús.

DPH BECAS ARTÍSTICAS

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