El proyecto de construcción de una planta de biomasa que una empresa multinacional tenía previsto construir en Monzón sigue su curso. El último paso llega por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) que ha dado luz verde a la instalación de esta planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 170 megavatios térmicos que promueve la sociedad Solmasol I. El BOA publica la resolución por la que el INAGA formula la declaración de impacto ambiental y le otorga la autorización ambiental.
Su instalación en la capital mediocinqueña estuvo avalada por el anterior equipo de Gobierno municipal PP – PAR, y fue muy cuestionada por la oposición de izquierdas y Ecologistas en Acción.
Poco se sabe de los detalles de este proyecto, anunciado a bombo y platillo en el anterior mandato. Tanto el PP como sus socios de Gobierno municipal el PAR informaban de la llegada de una gran empresa que se asentaría en la ciudad del Cinca y generaría un importante número de empleos.
El anterior Consistorio tramitaba el expediente de Declaración de Interés Público para la planta que se ubicaría en el Polígono 8 Parcela 22, entre las carreteras comarcales que llevan a Almunia de San Juan y Fonz, cerca del polígono industrial Paúles y del casco urbano. El amplio terreno donde se ubicará está catalogado como zona rústica pero podrían ubicarse otras empresas sin necesidad de recalificarlo como suelo industrial, dadas las facilidades que presta la Administración para el asentamiento de empresas, según explicó el alcalde Álvaro Burrell.
La planta tiene previsto quemar 51 toneladas a la hora de biomasa procedente de chopos, eucaliptos o cañas.
La instalación de la planta generó un aireado debate por parte del entonces equipo de Gobierno y la oposición de izquierdas. PP y PAR valoraban la generación de puestos de empleo y confiaban en los informes medioambientales del INAGA, mientras que IU y CHA consideraban que una planta de biomasa podía ser contaminante para la ciudad y que no era el modelo de desarrollo que Monzón necesitaba. Estos argumentos también los defendía Ecologistas en Acción. Mientras que el principal partido de la oposición, el PSOE, -ahora en el poder- se mostraba receloso del emplazamiento elegido, y optaba por alejarlo más del casco urbano.
Los promotores no han presentado al nuevo equipo de Gobierno el proyecto, por lo que según señaló ayer el primer edil, el Consistorio se va a meter a fondo en este asunto para conocer los detalles del mismo: plazos de ejecución, creación de puestos de trabajo, etc.
El alcalde valoraba la llegada de una nueva actividad industrial a la ciudad aunque se mostraba partidario de haber optado por otro emplazamiento: «La implantación de una empresa siempre es positiva sea grande o pequeña. Con este tipo de plantas siempre está la incógnita de la salud; nosotros hubiéramos preferido un planteamiento más lejano pero confío en los técnicos del Gobierno de Aragón».
Para Burrell una vez que el INAGA ha concedido la autorización ambiental «ya no tienen sentido los planteamientos a favor o en contra. Es un proyecto que ya está en marcha y ahora haremos un seguimiento administrativo».
El alcalde también apunta que al margen de la cuestión medioambiental quedan por resolver otros condicionantes, como la «el económico financiero o las subastas energéticas. Hay que ver sí tienen el proyecto asegurado o es algo de lo que está en expediente», señaló.