ESTA HISTORIA VA CONTIGO

151211 Unidad Popular ViviendaUnidad Popular ha defendido en Fraga un cambio de rumbo en la política española en relación a la vivienda. En este sentido. Sebastián Agudo, candidato al Congreso por Unidad Popular, ha señalado que “El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los pueblos del sur de Europa, consecuencias atroces para las personas y el territorio. La estafa hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales en España y Europa, está generando una vulneración sistemática de derechos Fundamentales y constitucionales del artículo 47 de la carta magna, con su cara más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las familias.. Agudo ha señalado igualmente que “es preciso garantizar la función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler de esas viviendas desde el control público y el interés general.”. Para ello Agudo ha propuesto las siguientes medidas “• Una Auditoría pública de la vivienda, • Regular la Función Social de la vivienda, • Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las entidades financieras, • Las viviendas públicas (construidas con financiación pública) o las protegidas (construidas con financiación privada y pública) no podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

, • Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda desde la administración para prevenir, intermediar y proteger a las familias en riesgo de desahucio, • Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeudamiento para el acceso de crédito hipotecario, • Fomentar la autoconstrucción de viviendas. • Eliminación de la cláusula “suelo” en las hipotecas en vigor y las futuras. • Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar este derecho mediante una nueva Ley Orgánica.” Igualmente, Agudo ha señalado que “en cuanto a los desahucios, se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, por ello es preciso una dación en pago retroactiva y condonación de la deuda hipotecaria y la eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Así mismo, las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.”.

Finalmente, en relación a las medidas contra la emergencia habitacional, Agudo ha señalado que “El parque de viviendas públicas debe tener consideración de Servicio Público, tan importante como la educación o la sanidad públicas. El parque de viviendas públicas de ámbito autonómico, provincial y municipal deben contar con protección suficiente, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado inmobiliario que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada para desarrollar su vida.”.

Por su parte, el representante local de Unidad Popular, Xandru Sánchez, ha defendido “la necesidad de que las políticas sociales y de servicios básicos, estén garantizadas por el estado”. Señalando que “Estamos viendo como en Fraga no se cumplen esas necesidades, podemos ver como aún no se ha firmado el convenio de uso del Hospital Arnau de Vilanova de Lérida de los habitantes de la zona oriental de Huesca y como se han empeorado los servicios de transporte público hacia ese centro”. Entre estas políticas sociales mínimas, Sánchez ha señalado que “entre los derechos sociales mínimos que el estado debe garantizar y que forman parte de nuestro programa electoral, está el derecho a la vivienda, el del trabajo garantizado, el derecho a una educación y sanidad públicas de calidad, garantizar el cumplimiento de la ley de Dependencia o una renta básica garantizada a quienes tengan en la Unidad de Convivencia, ingresos inferiores al 70% de SMI”.

Según el programa de Unidad Popular planteamos estas posibles acciones “constitución obligatoria en los ayuntamientos de los comités de estudio de vulnerabilidad de las familias; ampliación de la vulnerabilidad en la aplicación del bono social existente; auditorías energéticas gratuitas para educar en la eficiencia; subvencionar el 50% de las inversiones en eficiencia energética; concreción de las tarifas según rentas…”

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