El recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón pone de manifiesto la disconformidad del Ejecutivo con determinados aspectos regulados en el Real Decreto y que, a su juicio, conculcarían el ordenamiento jurídico por diferentes motivos.
1) Conflicto competencial al impedir el desarrollo de una política propia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia energética (contemplado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, art. 75.4), concretamente energías renovables y apoyo a su producción.
2) Vulneración del principio de seguridad jurídica al no establecer una metodología para el cálculo de determinadas cargas a los productores para el autoconsumo.
3) Establecimiento de obligación de pago en instalaciones ya existentes.
4) Naturaleza jurídica de las cargas asociadas que pueden tener una naturaleza tributaria y no se regulan en ley (impuesto al sol), conculcando el principio de reserva de ley establecido para este extremo.
5) Vulneración de los principios de la normativa comunitaria en materia de energía renovable, de obligado cumplimiento.
Una vez admitido a trámite el recurso por parte del Tribunal Supremo, los servicios jurídicos formalizarán la demanda desarrollando la argumentación jurídica precisa, que deberá ser contestada por la abogacía del Estado.
DPH BECAS ARTÍSTICAS

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