Con el foco informativo puesto en las pasadas fiestas saltaba la noticia del enésimo reemplazo de un alto funcionario en nuestro ayuntamiento. Vuelve, según el anuncio publicado por la dirección general correspondiente, a estar vacante el puesto de interventor municipal a un año de las próximas elecciones y con no pocos problemas en la gestión económica de la ciudad. Desconocemos como se seguirán aplicando los métodos de fiscalización necesarios para certificar el buen uso del dinero público y cuando se restituirá esta importante responsabilidad.
Como viene siendo habitual, no estamos ante un caso aislado. La norma desde hace bastantes años en nuestro ayuntamiento, y que llama poderosamente la atención, es el número tan elevado de empleados públicos, de jerarquía superior, que cesan en su responsabilidad para ejercer en otra ciudad. Esto es, la gran rotación del personal funcionarial que se da en el ayuntamiento. Este hecho se viene produciendo legislatura tras legislatura, por lo que las causas que están detrás de esta “descapitalización”, más allá de las razones personales de los interesados, sólo pueden ser internas y relacionadas, personal o políticamente, con otros empleados del ayuntamiento.
El resultado de este ir y venir de funcionarios no es otro que el riesgo de paralización de los proyectos en curso y de los procedimientos administrativos de la actividad ordinaria. Un funcionamiento anómalo de la administración local que llega, incluso, a contagiar a los representantes políticos en sus tareas y a condicionar las iniciativas aprobadas por la corporación municipal en pleno. Todo ello con el gravamen que supone para el desarrollo de la ciudad.
Evidentemente, hay un problema con la función pública en nuestro ayuntamiento tan grande como la incapacidad de nuestros políticos -de todos- de poner remedio a esta situación. Responsabilidades compartidas podríamos decir, pero no en última instancia: gobernar es poner solución a la desorganización interna de la administración, estar comprometido con las mejores prácticas públicas y actuar siempre con la ley en la mano para enmendar los despropósitos, también los propios.
No es una tarea fácil poner orden, y hasta el presente, ninguna corporación ha logrado, salvo algunos parches, poner en marcha una organización eficaz de las distintas áreas del ayuntamiento. Debemos insistir en ello: administrar un municipio no es lo mismo que gestionar una empresa, pero no por ello se debe exigir menos eficiencia en los resultados.
Es necesario abrir el debate sobre el funcionamiento del ayuntamiento para adaptar su actividad a las necesidades actuales. La desorganización es tiempo improductivo y dinero del contribuyente. No será fácil desentrañar las interioridades del consistorio, cada empleado del ayuntamiento, al ser preguntado, cuenta la historia a su manera, y no faltan depresiones, bajas laborales, acciones de dudosa legitimidad, presiones políticas, malos rollos, etc. Todo ello, concluimos, revelador de una deficiente transparencia en la gestión municipal y de la “atmósfera pesada” que todavía existe a la hora de cuestionar el día a día de la institución con el propósito último de su mejora.