El vicepresidente del Partido Aragonés y portavoz en las Cortes de Aragón, Alfredo Boné, ha urgido hoy el decreto de la sequía al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que ayer durante una comparecencia en el Senado volvió a negarse a aprobar el decreto de ayudas para el campo ante los dramáticos daños que está provocando la falta de lluvias especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Cañete señaló «que es previsible que acabe lloviendo este mes» e intentó justificar que si así sucediera, las ayudas serían innecesarias.
Por su parte y respondiendo a esas manifestaciones, Alfredo Boné ha señalado que las dificultades económicas «no son excusa» y no justifican las demoras ante la necesidad de ayudas que tiene el campo aragonés «que se está viendo dramáticamente afectado por la ausencia de precipitaciones y cuyas consecuencias las están pagando en primera persona «cientos de familias afectadas por la sequía».
El vicepresidente del PAR que ha manifestado que la actual situación no permite otra cosa que no sea la aprobación del decreto de la sequía, ha señalado que la dramática situación a la que se enfrenta el campo aragonés «no podemos dejarla al albur del tiempo como pretende Cañete». Es necesario, ha dicho, tomar medidas de urgencia «y no fiar al tiempo las soluciones que tendrían que llegar del Gobierno central».
Medidas concretas
Boné ha recordado que «el PAR se ha pronunciado con contundencia a favor del decreto de sequía, mediante pronunciamientos del Comité Comarcal de Monegros y de la senadora del PAR por el Alto Aragón María Jesús Burró, que han recogido la sensibilidad manifestada por el conjunto de los afectados». En este sentido, ha respaldado la insistencia del consejero aragonés, Modesto Lobón, en reclamar el decreto ante el Ministerio.
El PAR defiende que las medidas ministeriales impliquen reducciones fiscales en impuestos, la condonación de tarifas del agua para los regantes, ayudas directas a los titulares de explotaciones, y la ejecución inmediata de obras que tengan carácter de emergencia, tal como ya sucedió, por ejemplo, mediante el decreto del año 2005.
El PAR lamenta que los agricultores sufran, además, las consecuencias de los retrasos que acumulan las obras de regulación previstas en el Pacto del Agua, consensuadas en Aragón, y que permitirían afrontar con mayores garantías las campañas, por adversas que sean las condiciones.