Después de tres largas décadas de lucha contra los intentos de REE de atravesar una buena parte del Alto Aragón y el Pallars Jussà con una autopista eléctrica —línea de 400 kV—, pensábamos en la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica que estábamos ya matados de espanto y que difícilmente nos podrían sorprender con abusos y falacias más escandalosos que los que ya tuvimos que padecer con los sucesivos proyectos Aragón-Cazaril, Graus-Isona y Peñalba-Arnero-Isona. Claro que aún no nos habíamos topado con Forestalia, esa presunta empresa aragonesa que cotiza en Madrid y hace sus negocios en Cataluña.
Hablamos, por supuesto, de la línea Valsalada-Laluenga-Isona, uno de los ya cinco proyectos de autopistas eléctricas con los que este grupo empresarial, a través de su complejo entramado societario, pretende dotarse de una red de transporte eléctrico propia pese a que sus fines declarados son la producción de energía. Esta vuelve a afectar de manera directa a amplios territorios del Alto Aragón y de la vecina comarca catalana del Pallars Jussà, que deberían sufrir de nuevo los severos impactos de una infraestructura descomunal, que causaría graves y permanentes daños a la biodiversidad, al paisaje, a la salud —dada la cercanía inaceptable del trazado a las poblaciones— y, sobre todo, a las posibilidades de desarrollo armónico de estas mismas poblaciones: todo para llevarse la electricidad que transportaría al sumidero energético de Barcelona y, seguramente, al mercado europeo.
Pero en este caso, las razones por las que siempre nos opusimos a tener que soportar una mega infraestructura de estas características en un territorio históricamente desfavorecido —que ya tuvo que pagar con sus pueblos y sus valles la transición energética de los pantanos— palidecen ante la enormidad de lo que, sin ningún pudor y con la posible connivencia de REE, pretende hacer FORETALIA saltándose a la torera la Ley del Sector Eléctrico.
Porque lo que esta empresa pretende es colarnos como “infraestructuras de evacuación” líneas de 400 kV de centenares de kilómetros, que, conforme a la legislación vigente, solo pueden ser consideradas como parte de la red de transporte eléctrico, gestionada en exclusiva por REE. Y, atención al dato, porque solo estamos viendo la punta del iceberg: la Valsalada-Laluenga-Isona, proyectada sobre el papel para “evacuar” la electricidad que generarían seis centrales eólicas de 49,5 MW, tiene capacidad sobrada para 80 de 50 MW. Así que esta autopista de hormigón, acero y aluminio —no digamos ya las cinco que ya ha proyectado— amenaza con no dejar ni un rincón de nuestra geografía sin molinos eólicos o placas fotovoltaicas.
Por tanto, si el Gobierno, como ya ha hecho el Senado, no rechaza este evidente fraude de ley, estará abriendo las puertas a un nuevo modelo de red eléctrica privada que, sin duda, acabaremos pagando entre todos y todas vía factura de la luz, y en nuestro caso, además, como siempre, con el futuro de nuestros pueblos y de nuestras gentes.