Con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la Guardia Civil ha anunciado que durante el año pasado se destruyeron en la provincia de Huesca 495 armas. De esta cifra, 40 fueron armas cortas, 290 armas largas y las 165 restantes pertenecientes a otras categorías. A nivel estatal, el número asciende a 60.083 armas, entre las cuales más de 49.100 eran de fuego.
Estas acciones se enmarcan en la normativa vigente en España y también en el Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. El origen de este programa se remonta a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en julio de 2001. La conferencia fue resultado de la preocupación “por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional”.
La competencia en materia de armas y explosivos del Estado se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Estas unidades controlan el acceso legal a las armas, para lo que se establecen ciertos requisitos como la carencia de antecedentes penales y la superación de pruebas sobre uso y manejo. Además, también tienen la competencia de inutilizar las armas, lo que está regulado desde el año 2011 de forma severa. Por tanto, puede demoler armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas mediante procesos de fundición o similares. Las causas de destrucción pueden ser tanto por el cese de sus titulares del derecho a tenencia y uso, como por estar implicadas en ilícitos, penales o administrativos.
