El obispo de Barbastro Monzón, Alfonso Milián, ha lamentado la existencia en Cataluña de «fuerzas» en instancias civiles y políticas que obstaculizan el cumplimiento de las sentencias del Vaticano que ordenan la devolución de las 113 piezas de las parroquias oscenses que permanecen en Lérida.
Así lo ha declarado a Efe el obispo, para quien el administrador apostólico de la Diócesis de Lérida, Javier Salinas, no es responsable «de manera alguna» del incumplimiento del acuerdo suscrito en Madrid entre ambos, ante el Nuncio de la Santa Sede, para la devolución de los bienes en un plazo de 30 días, que ha terminado hoy sin que se hayan devuelto.
«Hay que dejar claro -ha señalado- que el obispo Salinas quiere cumplir con el acuerdo y que esto le lleva a tener que escuchar de todo en Cataluña, y lo mínimo es traidor, y hay que decir también que su voluntad firme de entrega choca con otras fuerzas que obstaculizan la entrega».
Milián ha responsabilizado de estas «dificultades» a instituciones políticas, por su intromisión en un litigio que se circunscribe al ámbito de la Iglesia y que se sustenta en el Concordato suscrito en 1979 entre la Santa Sede y el Estado de España, que otorga valor civil a las sentencias del Vaticano.
El obispo de Barbastro-Monzón ha comentado a Efe que en la actualidad se mantienen contactos tanto a nivel eclesiástico como civil para lograr la devolución de los bienes, aunque rechazó poner fecha ya que «cuando algo no depende de uno, no se pueden poner plazos».
Milián se ha mostrado esperanzado con el valor jurídico que puede aportar a la causa el informe elaborado en 2001 para la Generalitat por el jurista catalán Josep Pintó, cuyo contenido fue desvelado esta semana por el letrado aragonés Jorge Español.
El obispo ha asegurado que es consciente de que dicho informe, que cuestiona la intromisión del Gobierno catalán en el proceso, ha llegado a las más altas instancias eclesiásticas, entre otras la Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española.
Para el obispo de Barbastro Monzón, el informe Pintó, cuya «ocultación» ha lamentado, «deja claro» que la ubicación de los bienes corresponde de forma exclusiva a la Iglesia.