“Dice Casado, el del PP, que si tienes un trabajo y una nómina ya puedes pagar un alquiler. Este tío flipa en colores”.
“No, no. Casado no es tonto. Sabe perfectamente que es mentira, pero lo dice para defender a los suyos”.
Bien seguro que esta discusión se dio en mil lugares y por mil personas diferentes durante la última semana. Yo la escuché a dos jóvenes hace unos días en una terraza de Monzón. Me limité a poner la oreja con discreción, pero no me faltaban ganas de sumarme a la fiesta con un “los dos tenéis razón”.
A estas alturas es evidente que Pablo Casado vive en su mundo, desconectado de lo que pasa en la calle. Su primer trabajo, con 23 años, fue como asesor en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid a razón de más de 50.000 euros al año. No tuvo ningún problema para pagar un piso que le permitiera independizarse, ni tampoco tuvo que hacer malabares para pagar la factura del gas en invierno. Pablo Casado ha vivido en la comodidad de una minoría y no en la precariedad en la que sobrevive la mayoría de la juventud de nuestro país.
Pero Pablo Casado no es tonto. Pablo Casado sabe que miente. Lo sabe porque, aunque viva en una burbuja cortesana, tiene asesores que le informan de la subida de los precios de los alquileres, de los empleos precarios y sueldos de mierda que tiene la gente joven.
El negocio de unos pocos es el infierno de muchos. Eso es lo que ocurre cuando la especulación inmobiliaria se antepone al derecho a la vivienda. Pablo Casado lo sabe y los buitres y especuladores inmobiliarios también. Por eso, tanto el PP como los poderes inmobiliarios, salieron en tromba contra la ley de vivienda que Unidas Podemos le había arrancado al PSOE y que contempla la regulación de los precios de los alquileres, entre otras medidas.
Que los buitres y sus brazos políticos se revuelvan indica que vamos por el buen camino. Y es que es una buena noticia para la gente que nuestro país tenga una ley que defienda el derecho a la vivienda frente a los especuladores. Toca poner fin a un ciclo de décadas de expolio en las que los intereses de una minoría privilegiada se han puesto por encima del bienestar de la mayoría.
Regular los precios de los alquileres allí donde se han disparado es una urgencia, como también lo es mantener los precios en el resto de lugares para evitar que sigan subiendo. Eso será posible gracias a esta ley. En las zonas donde los precios están por las nubes, los grandes propietarios estarán obligados a bajar el precio del alquiler y los pequeños propietarios a congelarlo.
También se suspenden los desahucios de personas y familias en situación vulnerable y sin alternativa habitacional. Además, estas alternativas habitacionales deberán ser viviendas dignas.
La vivienda es un derecho y los derechos se garantizan desde lo público. Por eso prohibir que las administraciones públicas vendan las viviendas que poseen es tan importante. Gracias a esta ley nunca más volverán a ocurrir desmanes como el que perpetró Ana Botella en Madrid, cuando entregó a un fondo buitre 1860 viviendas públicas. Este blindaje de lo público es el primer paso para proteger un parque público de vivienda que, año a año, no debe dejar de aumentar. El segundo paso es que todas las promociones de vivienda tengan un cupo de reserva para vivienda protegida (según la ley será del 30%) y que la mitad de ellas se destinen al alquiler social.
Además, esta ley recoge el espíritu del “ni casas sin gente ni gente sin casas”. Por eso las viviendas que lleven dos años o más vacías sin ninguna justificación podrán ser penalizadas con un recargo de hasta el 150% en el IBI. El objetivo no es otro que movilizar toda esa vivienda que los especuladores tienen cerrada a la espera de pegar un pelotazo.
A pesar de todas las resistencias, España tendrá una ley que proteja el derecho a la vivienda. Este es el primer gran paso para caminar hacia ese horizonte en el que el derecho a la vivienda sea una garantía. El texto saldrá adelante, aunque los especuladores rabien y el PP presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, como hacen siempre que no les gusta alguna ley. Y es que el ataque, el insulto y la trola son la reacción natural de los que ven en riesgo sus privilegios. Estas furibundas acometidas ponen de manifiesto lo importante que es que nuestro país tenga una ley de vivienda. Ladran, luego cabalgamos.