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El Grupo Parlamentario Aragonés presenta 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública ya que según la diputada Elena Allué “no soluciona los problemas excepcionales de corrupción que se puedan dar en Aragón”. Además Allué considera que la propuesta que plantea el Gobierno de Aragón es cara y de legalidad cuestionable, no resuelve la corrupción y, entre otras cuestiones, vulnera los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución, aumenta la burocracia, duplica organismos y trámites, y quiebra el principio de división de poderes.