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En concreto, el máximo órgano de representación de la Universidad pública aragonesa se mostró contraria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y a los Reales Decretos-Ley 14/2012, que introduce recortes en el gasto de la educación pública, y 20/2012 llamado de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria”.

El diputado socialista José Ramón Ibáñez, que considera que el consejero Alarcón “tiene el dudoso récord de paralizar proyectos en esta comunidad”, lamenta además que “el Ejecutivo aragonés destine cero euros en los presupuestos a unas ayudas potentes dirigidas a las pequeñas y medianas empresas instaladas principalmente en el medio rural”