Llevar corriente eléctrica producida en tierras aragonesas con destino a Barcelona sin dejar ningún beneficio y muchas afecciones en las comarcas de Huesca y Lérida por donde discurriría una línea de muy alta tensión. Ese es el proyecto denominado LAAT Laluenga 12 – Promoteres Isona, o en los últimos meses conocido como la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Laluenga – Isona. Un ante proyecto que tras ser conocido de forma sorpresiva -CHA Alto Aragón lo alertó públicamente- por los boletines oficiales del Estado y Aragón ha supuesto la oposición unánime y frontal de ayuntamientos, ecologistas y comarcas de Somontano, Cinca Medio, La Litera y Ribagorza.
La empresa Forestalia, conocida en el territorio por estar al frente de proyectos que han generado rechazo social, promueve esta imponente autopista eléctrica o MAT para producir y transportar 400 kV hasta Cataluña. Dada su magnitud, se desarrolla a lo largo de 152 kms, se ha dividido en seis parques fotovoltaicos de 49,5 MW cada uno, 3 subestaciones eléctricas SET y 2 grandes líneas eléctricas de alta tensión. El proyecto atravesaría los municipios de Laluenga, Berbegal, Ilche, Castejón del Puente, Monzón, Almunia de San Juan, Azanuy-Alins, Peralta de Calasanz, Benabarre, Tolva, Viacamp y Litera y Puente Montañana, en la provincia de Huesca; y en los términos municipales de Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca e Isona i Conca Della en la provincia de Lleida.
A ayuntamientos como Laluenga -uno de los más afectados- su anuncio “nos pilló con el paso cambiado”, explicaba la alcaldesa Cristina Juárez, quien denuncia la opacidad con que se ha gestionado esta iniciativa de una empresa aragonesa con sede social en Madrid.
En su petición al Consistorio la empresa solicitaba saber si urbanísticamente era factible. El Plan General de Laluenga, para ordenar su suelo de 2008, “no contempla la colocación de placas solares ni aerogeneradores” como sí lo hace el proyecto eléctrico que ha previsto instalar justo cuando acaba el terreno urbanizable delimitado por el Ayuntamiento, y a 50 metros del casco urbano, un total de 106 hectáreas para la colocación de 90.402 placas solares (de mas de 2 x 1 m de tamaño). También se colocaría una subestación eléctrica para tomar la corriente proveniente de Gurrea de Gállego en Zaragoza.
En una reunión vecinal para exponer este proyecto ya se constató el rechazo existente en la población al proyecto y a la venta de terrenos (“planea la amenaza de la expropiación”, recuerda la alcaldesa). A este rechazo, expresado también por otras poblaciones del Somontano afectadas por la línea, como Berbegal o Ilche, se han unido Ecologistas en Acción o la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, que aglutina a movimientos sociales y vecinos del Pirineo de Huesca y Lérida. Todos ellos han presentado alegaciones al proyecto de exposición pública.
Además de en Laluenga, hay previsto colocar 79 hectáreas en Laperdiguera, 102 en Barbuñales y 151 en Pertusa. En otros municipios del Somontano como Ilche o Berbegal también genera afecciones y condiciona el desarrollo agropecuario. En Ilche recorre 5.263 metros y afecta a aproximadamente a 100 hectáreas de regadío “con tuberías de mucha presión y además en Permisán pasa a 300 metros del casco urbano, si sacas la mano por la ventana tocas los cables”, denuncia el alcalde Pedro Peropadre.
El rechazo popular ha contado el respaldo institucional de las respectivas comarcas. Somontano, Cinca Medio, La Litera y Ribagorza. Recientemente sus presidentes y los alcaldes de los pueblos afectados se reunían en Benabarre para mostrar su firme oposición al proyecto no solo a nivel medioambiental, sino también sobre la población, y respecto al desarrollo económico y social de estas zonas, poniendo en peligro cientos de explotaciones agrarias y, con ellas, el futuro de muchos pueblos. Esta oposición ha sido transmitida a la Diputación Provincial de Huesca y al Gobierno de Aragón.
“No estamos en contra de las energías renovables, pero no debajo de las ventanas de tu casa”, afirma Cristina Juárez, quien recalca que es cierto que el proyecto podría dejar pingües beneficios para las arcas municipales por los impuestos de licencia de obras o IBI pero “¿para qué queremos dinero si no tenemos gente? Nos estamos cargando el medio de vida de los agricultores y la gente opta por venir a los pueblos en busca de paisaje y tranquilidad no para abrir la ventana y encontrarse placas solares”.
El proyecto ya pasó la exposición pública y está pendiente de la tramitación por parte de Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que le tiene que dar conjuntamente la autorización previa (AAP) y la declaración de impacto ambiental (DIA). Se estima que el proceso de resolución de alegaciones conlleve un largo plazo, hasta entonces, los vecinos afectados deberán estar expectantes al BOE.