El domicilio de los niños Nicolás y Carmen Gil, en Alberuela de Laliena, se encuentra a 3,400 kilómetros de su colegio, en Adahuesca. A falta de 600 metros no alcanzan el ratio mínimo para recibir las ayudas que concede el departamento de Educación del Gobierno de Aragón según el nuevo báremo que aplicó a con la rectificación hecha en mayo de 2013 de la ley orgánica anterior de 2006 y que sí contemplaba esas ayudas.
El anterior año escolar (2013-14) fue el último que los padres de estos niños pudieron recibir las becas por transporte escolar y que en su caso serían de 401,98 euros por curso. Tampoco perciben ayudas por el comedor escolar.
«Nicolás y Carmen no recorren 4 kilómetros, por lo tanto no tiene derecho a ninguna beca a pesar de no tener como escolarizarse en su localidad. Menos de medio kilómetro tiene la culpa», señala su padre Rafael Gil.
Ante esta situación los padres manifestaron su disconformidad por carta certificada el 22 de mayo de 2014 al director provincial de Educación, José María Cabelló, y le pedían que se contemplara su caso, al igual que otros que pudiera haber en el medio rural altoaragonés. La carta no obtuvo respuesta. Hace un mes y medio volvieron a insistir, en este caso por correo electrónico. El director provincial sí que les contestó el 15 de marzo y les comunicó que estudiaría su caso y reconocía que existen otros escolares en las mismas circunstancias. Pero ha pasado un mes y medio, y los padres de estos dos niños, los únicos en edad escolar de Alberuela de Laliena, no han tenido respuesta. Por ello han acudido a denunciar su caso ante la opinión pública con la esperanza de que alguna familia más del medio rural se encuentra en la misma situación y puedan reclamar a la Administración autonómica la concesión de estas becas que hasta hace dos cursos sí que percibían.
«El caso de Nicolás y Carmen no es un caso aislado. La escuela pública rural es el futuro para la fijación de la población de un territorio en el que la vertebración y la creación de recursos es más que una necesidad. No podemos dar la espalda a un problema que no hace mas que crecer: el de la pérdida de recursos que merman la calidad de la educación y las garantías de igualdad para todos. Nosotros hicimos una apuesta por vivir en el medido rural y pedimos que también lo haga la Administración», manifiestan sus padres.