La sesión de pleno de ayer de Barbastro se centró en dos aspectos, uno formal y otro de calado para la ciudad y sus industrias. El primero fue la polémica creada en las últimas 48 horas sobre si la convocatoria celebrada ayer era ordinaria o extraordinaria y la segunda pedir al Gobierno de Aragón que rebajara el canon de saneamiento para las 65 empresas instaladas en el polígono industrial Valle del Cinca y que no disponen de planta depuradora.
Sobre esta cuestión se aprobaron dos propuestas similares, aprobadas las dos, una del PAR y otra del PSOE, en las que se pedía al Gobierno de Aragón que supendiera o aplicara bonificaciones en el canon de saneamiento parar las empresas del polígono. Una propuesta similar ya fue aprobada por la Corporación en 2010. Desde CHA, su portavoz Valero Aguayos, aseguró que el canon de saneamiento nació podrido ya que no se ha conseguido su finalidad de mejorar la calidad de las aguas. El portavoz del PAR, Javier Betorz, pidió la retirada de un canon impuesto por el Estado y recordó que las empresas están pasando por una situación delicada y deben de pagar cuando no hay depuradora. Además Betorz pidió que se busquen recursos de otras instituciones para su construcción. Y desde el PSOE, el portavoz Jesús Lobera, se mostraron a favor de un impuesto ecológico que viene de Europa como el canon pero lamentó que no venga asociado con fondos públicos para crear depuradoras.
Además se aprobó la propuesta de Francisco Viu para manifestar el rechazo del Ayuntamiento a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, con la abstención del PAR.
Por otro lado se desestimaron las alegaciones presentadas por IU y PP a la ordenanza fiscal que regulaba la tasa de servicios de la residencia municipal y que para 2014 contempla un aumento del 4% debido a la reducción de las plazas concertadas por la DGA, según argumentó el equipo de Gobierno socialista. La propuesta volvió a contar con la negativa del PAR y CHA, porque el aumento del impuesto afecta a las personas con rentas más bajas.
Ausencia del PP
En cuanto a la polémica sobre la convocatoria del pleno, cabe recordar que el PP la ha impugnado al considerar que el alcalde incumplía la legalidad porque la convocatoria de una sesión ordinaria no correspondía a la fecha acordada. El alcalde Antonio Cosculluela pidió disculpas puesto que originalmente la convocatoria del pleno fue ordinaria y tras darse cuenta del error se convocó como sesión extraordinaria con 48 horas de anticipación como marca la ley. Desde el PP manifestaron su rechazo a esta decisión retirando las tres propuestas que habían presentado y decidiendo no acudir a la sesión plenaria.
Por otro lado, el alcalde explicó que según un informe de la secretaría del Ayuntamiento y otro del Justicia de Aragón, el concejal adscrito Francisco Viu estaba en su derecho de presentar propuestas al pleno, algo que había cuestionado IU, formación a la que perteneció y que ha pedido explicaciones al Consistorio.