El Gobierno de Aragón ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar planes de formación de los empleados públicos de las entidades locales. La Administración autonómica gestionará los fondos para promover estas acciones de formación, que ascenderán a 250.000 euros, y que correrán a cargo de la Administración General del Estado, tal y como establece el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).
En concreto, podrán ser beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Comarcas y demás entidades locales, y también las asociaciones o federaciones de entidades locales de Aragón que promuevan planes para la formación de empleados públicos.
Podrán financiarse con cargo a estas ayudas la contratación de formadores que se encarguen de la preparación, impartición, tutoría y evaluación; la adquisición de medios y materiales didácticos; los gastos para la elaboración de contenidos para cursos impartidos a través de Internet, y los gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades formativas.
Para la asignación de las ayudas, se valorarán los planes presentados según los siguientes criterios: destinatarios de los planes, recursos propios destinados a la formación, grado de ejecución de ayudas percibidas en el ejercicio anterior, diseño y contenido de los planes, previsiones de seguimiento y aplicación de técnicas de evaluación.
Las bases aprobadas hoy en Consejo de Gobierno definen los requisitos que deben cumplir las entidades promotoras de estos planes de formación. Entre ellos, destaca la obligatoriedad de garantizar a los participantes la gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos. Además, las bases obligan a ejecutar la actividad formativa antes del 31 de diciembre del presente año; efectuar la selección de los participantes por la adecuación de su perfil a los objetivos y contenidos de las actividades; aportar información sobre las acciones formativas para su seguimiento estadístico y su inclusión en una memoria anual; se someterán a la justificación de gastos, actuaciones de comprobación que realice el Instituto Aragonés de Administración Pública y al control fiscalizador de la Cámara de Cuentas; y garantizarán la gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos.
De esta forma, el Gobierno de Aragón continúa apostando por la formación de los empleados públicos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, para favorecer su desarrollo profesional y la constante mejora en la prestación de los servicios públicos.