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Este ahorro, referido a los gastos de funcionamiento de la Administración, no afecta a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos y es especialmente importante en capítulos como los gastos protocolarios, dietas o publicidad. Los alquileres rescindidos en el primer año de legislatura superan los 3,5 millones de euros y se ha hecho un esfuerzo importante para centralizar la contratación en áreas como las telecomunicaciones o el servicio de agencia de viajes.

El PAR ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición en la que pide que, ante las reformas legislativas anunciadas por el Gobierno central, “se defiendan todas las competencias que actualmente tiene Aragón y el marco competencial de las instituciones aragonesas fijado por la normativa autonómica”. Boné destaca el acuerdo alcanzado en las Cortes “para que se respete la actual organización territorial y administrativa de Aragón” y se “rechace cualquier imposición para la desaparición de municipios así como los incrementos de las actuales competencias de las diputaciones provinciales que puedan ir en detrimento del modelo comarcal aragonés”.