El grupo municipal del PP de Barbastro ha presentado una moción en el próximo pleno en la que se pide que de tomen las medidas oportunas, en cumplimiento con el artículo 107 de la Ley de Administración Local de Aragón, para que los concejales puedan ejercer su derecho a la información en el tiempo y forma marcado por la legislación.
Dicha ley dicha que los miembros de las Corporaciones locales dispondrán de la información referida a asuntos propios de su responsabilidad, ordenes del día, registros, libros de actas o resoluciones de alcaldía, … Desde el PP consideran que el derecho recogido por esta ley contrasta con “el periplo sufrido por el Grupo Popular simplemente para la consulta y obtención de algunas copias de los decretos emitidos por el alcalde y sus concejales delegados”.
Después de ocho visitas al Ayuntamiento y varias llamadas telefónicas, el PP denuncia que no ha conseguido consultar y obtener copia en algunos casos, de la totalidad de los Decretos emitidos por el alcalde y los concejales delegados en los meses de abril, mayo y junio. Asimismo el PP denuncia que a sus concejales se les solicitaba una petición por escrito para recibir los decretos, cuando la ley establece que se deben facilitar directamente a los concejales.
Tras acceder a la información requerida, el PP asegura haberse encontrado con documentación que denota una “dejadez y desorganización”. “Nos hemos encontrado con decretos no registrados en el libro de decretos, despistados, con falta de las firmas correspondientes, dispersos por los departamentos, incluso decretos sin contenido, que denotan el claro caos, la dejadez y la desorganización en los que tiene sumido el equipo de gobierno al Ayuntamiento”, critican.
“No solicitábamos información delicada, o confidencial, información secreta o datos protegidos, no, simplemente pedíamos la obtención de los Decretos, que deberían estar ordenados, registrados y archivados físicamente o/y en formato digital y que son públicos”, afirma la concejal Paqui Olivares en la moción registrada.
Los populares consideran que el no cumplir con estas leyes “es simplemente, además de ilegal, una clara obstaculización al ejercicio de las funciones, los deberes y derechos que tienen los concejales. Una clara falta de transparencia y un ataque al derecho constitucional que tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos”.