Creo que es importante hablar en esta tribuna sobre la necesidad que tenemos, en el Alto Aragón, de crear riqueza para fijar población. Además lo tenemos al alcance de la mano, la provincia de Huesca es rica en lo que mi compañero Pedro Arrojo denomina, con buen criterio, el petróleo del siglo XXI. Somos ricos en energías verdes, en agua, en Sol, en viento.
Sin embargo algunas de estas energías están en manos privadas. En época franquista el Gobierno otorgó una serie de licencias a un puñado de empresas para que explotaran, por ejemplo, diversos saltos hidráulicos en el Pirineo. Estas empresas, 75 años después, ya no son públicas sino privadas. Y se siguen lucrando a costa de lo que es de todos: el agua.
Se da la terrible paradoja de que tenemos la electricidad más cara de Europa y las empresas que gestionan estos saltos hidroeléctricos son las que más beneficios tienen de toda Europa. Eso es razón más que suficiente para cumplir con la ley y devolver su gestión a las entidades públicas, sino para que se ejecuten inversiones en el territorio que produzcan valor social.
El caso más claramente escandaloso es el de la no recuperación de la central de Lafortunada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta central, cuya concesión caducó en 2007, sigue en manos de Endesa perdiéndose así alrededor de 4,1 millones de euros anuales para las arcas públicas. También esta semana ha caducado la central de Udiceto, en el Alto Cinca, sin que el Gobierno haya dado muestras de interés para desprivatizar su gestión. Imperdonable.
Esto se debe, entre otros factores, a las tristemente famosas ‘puertas giratorias’. Desgraciadamente llevamos demasiados años viendo cómo el Partido Popular ha permitido que empresas como Iberdrola, Gas Natural o Endesa hayan tenido, en los peores años de la crisis, beneficios de hasta el 17% mientras la ciudadanía tenía que apretarse el cinturón al tiempo que veía cómo le subían la luz.
Creo firmemente en que es posible recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen, de las que deberían hacerse cargo las confederaciones hidrográficas y las instituciones medioambientales. Vamos a luchar para que sea así, con un objetivo claro: diversificar la procedencia de la energía, reduciendo el carácter de oligopolio privado que tiene en la actualidad el sistema eléctrico, y aumentando la soberanía energética de la provincia de Huesca. Solo hace falta voluntad política para hacerlo, porque la ley está de nuestra parte.