Al amparo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ayuntamiento de Monzón ha firmado un requerimiento dirigido al Ministerio de Fomento en el que solicita una nueva redacción del artículo 6 del Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lérida-Alguaire, y, en concreto, «que se suprima la obligación del Ayuntamiento de someter sus planes o instrumentos de ordenación urbanística, o los de revisión o modificación, a informe preceptivo del órgano competente en materia de aeropuertos de la Generalitat de Cataluña».
En su visita a Monzón, Binéfar y Tamarite la semana pasada, el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, invitó a los ayuntamientos altoaragoneses afectados por el decreto de las servidumbres a firmar individualmente el requerimiento-tipo «para hacer más fuerza ante el Ministerio».
Los núcleos de población son Albelda, Algayón, Alcampell, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera y Valcarca. El requerimiento subraya que «sobre el planeamiento del municipio aragonés de Monzón (o cualquiera de los otros), la Comunidad de Cataluña no puede emitir informe alguno por razones de competencia y territorialidad».
Un tema más de fuero que otra cosa
Suárez manifestó: «Sería bueno que los Ayuntamientos afectados por las servidumbres acudieran a la vía judicial, si lo estiman conveniente. La unión hace la fuerza, y si la vía política no funciona, agotaremos todas las posibilidades jurídicas». (…) «El Gobierno de Aragón va a llegar hasta el final por la vía judicial, y ya ha planteado un requerimiento al Ministerio previo a la vía contencioso-administrativa».
(…) «El decreto, de forma práctica, no va a afectar al desarrollo de los municipios aragoneses, pero el problema es que, aunque la autorización definitiva para los desarrollos urbanísticos la daría Fomento, habría que pedir informe al Gobierno de Cataluña y no al de Aragón. Es un tema de fuero».
El concejal de Urbanismo, Raúl Castanera, suscribió las palabras de Suárez, tanto en el sentido de que es «casi imposible» que las servidumbres frenen una actuación urbanística o de desarrollo industrial de Monzón, como en el aspecto de la intromisión de una Comunidad en la jurisdicción de otra. «No es de recibo que antes de poner en marcha un proyecto en Aragón tengamos que pedir el visto bueno de Cataluña. Para eso están la DGA, las subdelegaciones del Gobierno central y en ultima instancia el Ministerio», señaló.