La Constitución española garantiza “el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza” y, además, establece que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre las normas básicas para desarrollar ese derecho a la educación”. La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) y los tres reales decretos que la desarrollan son normativa básica de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.
La Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio de sus competencias, complementó los contenidos de los tres Reales Decretos a través de dos Órdenes de la Consejería de Educación. Estas Órdenes podrán ser modificadas en el futuro por el nuevo Gobierno pero en ningún caso pueden paralizar la puesta en marcha de la LOMCE que establece su propio calendario de implantación. Esa pretendida paralización no es posible legalmente pues estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica y de jerarquía normativa.
La Delegación del Gobierno de España en Aragón lamenta la confusión y consiguientes perjuicios que algunas formaciones políticas están provocando en los centros educativos, familias y alumnos por la pretendida no aplicación de la Ley y de los calendarios establecidos en la misma. Esto es algo innecesario ya que la situación jurídica es clara. El cumplimiento de la Ley en vigor es incuestionable.