Meritxell Batet, socialista catalana, de rancio abolengo social y al parecer también político tiene el honor de pertenecer a ese (cada vez menos) reducido grupo de personas a las que se escucha sin cuestionar lo que dice, por extraño y disparatado que sea.
También es cierto que hay temas que, a poco que uno se ponga, son particularmente proclives para el desbarre intelectual y especialmente fértiles cuando de soltar idioteces se trata.
De entre todos los actuales, el independentismo catalán y sus colaterales (el idioma), son el mejor ejemplo que se puede poner y un terreno en el que, al parecer, Meritxell se maneja con soltura.
Así que, a los incansables valedores de la cosa catalana, entre los que se encuentra Meritxell, se les ha ocurrido ahora que sería necesario y conveniente que cualquier habitante de una comunidad autónoma con lengua propia, léase Cataluña, tenga el derecho (dicho sea en tono impositivo) de dirigirse a la administración en su lengua materna.
Al parecer, de lo que se trata es que el catalán o vasco de turno, de viaje por Badajoz o por Bujaraloz, pueda dirigirse por escrito a la Administración en catalán o vasco, debiendo esta responderle en el mismo idioma.
Todo así, todo muy dictatorial pero muy democrático, porque en los tiempos que corren, si a cualquier tontada le añadimos el adjetivo democrático ya queda justificado y legitimado de sobra.
No contenta con esta astracanada y sabedora de que tal despropósito imperativo cojea de las dos piernas, Meritxell intentó justificarla añadiendo un poco de filosofía todo a cien, viniendo a decir que cuantas más lenguas se utilicen, mejor se entiende la gente, ¿no?
En principio si, pero olvida, probablemente a sabiendas, dos cosas importantes.
La primera es que catalanes, pacenses y aragoneses ya tenemos una lengua común, el castellano (o español, según se prefiera), lo cual hace innecesario perderse en líos dialécticos tragicómicos que nos conviertan en el hazmerreir del resto del planeta, al tiempo que aumentan de manera innecesaria el siempre farragoso trámite administrativo y sus costes.
Lo segundo es que, habida cuenta del carácter excluyente que los defensores de catalán le otorgan, instalarlo en el resto del país supone un grave riesgo de exclusión para el castellano a medio plazo, y largo lo fío…
¿O a alguien se le escapa que, instalada la medida de extender a capricho el catalán, la siguiente es comenzar a proscribir el castellano?
A mi no me cabe duda alguna, dada la forma en la que se manejan los que se dicen demócratas y defensores del catalán, con lo que se corre el riesgo (cierto) de que, una vez implantada la norma en, digamos, Sevilla, acabemos perdiendo más que la silla porque el catalán acabe siendo el mejillón cebra de los idiomas cooficiales.
La comparación puede resultar graciosa pero es que, como decimos por aquí, a lo tonto a lo tonto, es el peligro que corremos.
Conviene tener las cosas claras.