El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en el Ayuntamiento de Barbastro, Javier Betorz, ha presentado una propuesta de resolución al próximo pleno municipal en la que plantea que la institución asuma reivindicaciones y compromisos frente al excesivo aumento del precio de la energía (eléctrica y gas) y a sus consecuencias sobre familias, industrias, pymes y otras empresas, establecimientos comerciales y de hostelería, agricultores regantes… que daña sus recursos y obstaculiza cualquier atisbo de recuperación económica y del empleo. Además de esta iniciativa destinada a todos los ciudadanos y entidades, Betorz resalta por otro lado, que esos efectos negativos son especialmente graves sobre hogares que ya padecían dificultades y que han acabado sumidos en la ‘pobreza energética’, por lo que no pueden costearse siquiera la calefacción suficiente, por citar un servicio concreto, con riesgo incluso para la salud, por lo que el PAR promueve acciones locales y globales.
En concreto, la propuesta del PAR está destinada a que el Ayuntamiento de Barbastro se dirija al Gobierno central (ministerios de Industria y Hacienda) “exponiendo la necesidad urgente de afrontar las medidas oportunas para la reducción del precio del suministro de energía a los consumidores en general, familias, particulares y empresas”, y entre esas medidas, “insta al Gobierno central a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico, cuando los consumos sean razonables, y a resolver, con carácter general o en su caso con las modalidades y excepciones precisas, el problema generado actualmente para industrias, empresas, comercios, establecimientos hosteleros, regantes, etcétera.”
Por otra parte, sobre la ‘pobreza energética’, Betorz solicita el compromiso del propio ayuntamiento para “garantizar el suministro de un mínimo imprescindible de recursos energéticos para aquellos hogares con escasos recursos económicos que no pueden atender sus necesidades básicas” y que “a través de sus Servicios Sociales”, realice “un protocolo de actuación que permita identificar, prevenir y corregir posibles situaciones de pobreza energética” y habilite “una partida económica suficiente para el pago de las facturas de suministro energético de los hogares de la ciudad que estén en situación de necesidad”.
Junto a ello, el PAR quiere que el Ayuntamiento de Barbastro inste al Gobierno de Aragón a constituir “una mesa de trabajo contra la pobreza energética, con participación de asociaciones de consumidores, entidades sociales, compañías suministradoras y expertos en la materia y municipios” para analizar la situación y efectuar planteamientos sobre tarifas sociales, garantías de abastecimiento de energía eléctrica y agua potable a los hogares “especialmente en los casos en los que hay hijos menores de edad”, actuaciones previas “al corte del suministro en los casos de impagos reiterados”, delimitar el “concepto de consumidor vulnerable” o estudiar los mecanismos para que, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, las actuaciones e inversiones derivadas de las obligaciones concesionales de las empresas hidroeléctricas favorezcan especialmente a los usuarios aragoneses socioeconómicamente más vulnerables. Esta mesa de trabajo se complementa con el traslado de sus decisiones al Gobierno central o al Parlamento Europeo, nuevas políticas de ahorro y eficiencia energética, o análisis de la incidencia de la pobreza energética en nuestra Comunidad Autónoma.
En la argumentación de todas estas propuestas, Betorz denuncia “la compleja y en ocasiones inestable política energética de España durante décadas” que ha derivado actualmente en un “aumento del recibo de la luz en un 50% de su precio en los últimos seis años y el correspondiente al gas en un 30%, según las asociaciones de consumidores y usuarios, es decir, coincidiendo con la crisis y la recesión”. De esta forma se “ha generado no pocos problemas a las familias, autónomos y empresas (industrias, pymes, comercios, hostelería…) que han visto reducida su capacidad económica a causa de la obligación de reservar recursos para el pago de un suministro de primera necesidad”, afectando especialmente a determinados colectivos, como los agricultores regantes, o entidades como las grandes factorías, además de las difíciles perspectivas para los productores de nuevas energías limpias, además “habida cuenta que la liberalización de la comercialización no ha significado en este momento una mejora sustancial”. Todo ello, ha dañado “la esperada recuperación de la actividad de la economía y del empleo” “cercenando cualquier atisbo de reactivación del consumo y la inversión” y pone en riesgo “la continuidad de algunas compañías y establecimientos”.
“Junto a todo esto -indica Javier Betorz-, uno de los efectos sobre los que mayor preocupación debe prestarse desde los poderes públicos y la sociedad es la denominada ‘pobreza energética’, definida como las dificultades de una familia o un hogar para costearse el servicio de energía de forma que no puede afrontarlo o no puede hacerlo en cantidad suficiente o debe destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura”. Se calcula que “en torno el 10 por ciento o un porcentaje superior de los hogares españoles” se encuentran hoy en estado de pobreza energética, “padeciendo la amenaza de interrupción definitiva del suministro por falta de pago, viviendo sin hacer uso de la calefacción incluso con riesgo de su salud, ocultando el problema en casos concretos”.
La acción de los servicios sociales o el denominado ‘bono social’ no es suficiente frente a “la proporción cada vez superior de los vecinos que sufren esta pobreza específica, por el aumento de precio del abastecimiento, unida a las dificultades propias de la crisis y el desempleo, hacen necesaria una intervención programada, amplia y decidida”.
Por ello, concluye la propuesta del PAR, “alrededor de la energía nos hallamos ante un verdadero conflicto social y económico que afecta, en mayor o menor medida, a toda la población, a todas las empresas, a las actividades económicas y cotidianas, a la sociedad, a muchos hogares hasta el extremo de estar obligados a prescindir del suministro, y a todos en nuestra capacidad de compra”. De ahí, las medidas que se plantea en el ayuntamiento.