La diputada por el Partido Aragonés, portavoz en materia de educación en las Cortes, María Herrero, ha presentado una proposición no de ley para su debate en pleno, que insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al futuro Gobierno de España solicitándole que en el plazo de seis meses haga un estudio de la realidad económica de los centros concertados y aumente el módulo del concierto, de tal forma “que garantice que es suficiente para el buen funcionamiento de los centros y certifique la igualdad real entre todo el alumnado –tanto de la pública como de la concertada- en cuanto a los recursos de los que dispone su centro”. De esta manera, insiste la diputada “se garantiza la gratuidad efectiva y real de la educación”.
El Partido Aragonés defiende que “todas las personas deberían poder acceder a cualquier centro sostenido con fondos públicos con independencia de su origen social, económico y cultural”. En este sentido, y según reza la propuesta, la Administración dotará a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito. Se recuerda que desde que las competencias de educación fueron transferidas a la Comunidad Autónoma, Aragón ha realizado, en general, un esfuerzo presupuestario importante para mejorar el modelo educativo.
Módulo económico del concierto
María Herrero explica que el módulo económico del concierto se divide en tres partidas: la correspondiente a salarios y cargas sociales que la Administración abona a los docentes mediante pago delegado, la que corresponde a gastos variables que la Administración paga al personal docente igualmente mediante pago delegado y la denominada otros gastos que se destina a salarios del PAS, mantenimiento, equipamientos y suministros, entre otros “esta partida pone en evidencia que año tras año genera un déficit por aula y curso que se sitúa entre los 4000 y los 6000 euros, que deben asumir los titulares de los centros”.
Cada Comunidad Autónoma ha tomado unas decisiones, subraya Herrero, y ha completado en mayor o menor medida la cuantía que es transferida directamente por el Estado. La realidad del problema es que el Estado no garantiza la suficiencia financiera y por tanto la igualdad entre todos los alumnos españoles en cuanto a los recursos de los que dispone su educación en función de la titularidad del centro, lo que es una situación totalmente inadmisible e injusta.
Según datos que aporta María Herrero, aproximadamente en los diez primeros años de competencias se podría decir que se duplicó el dinero que se destinaba por alumno. En el ámbito de la concertada ha habido algún “tímido avance como el acuerdo de recolocación, la subida de la ratio en Educación Infantil y Educación Primaria -de 1 a 1,20 profesores por aula- y el complemento autonómico aunque este está muy por debajo de la media de las CCAA, pero no tenemos un módulo propio”. De hecho, explica Herrero, “nos regimos por el mínimo establecido por el Ministerio que fija la cuantía para el nivel de Educación Infantil y Primaria en 37.448,07 euros frente 62.468 de País Vasco y siendo la cuantía más baja de todas las CCAA, circunstancia que se repite en el resto de niveles educativos”.
La diputada resalta que el propio Ministerio de Educación establece para Ceuta y Melilla 44.437,97 euros para Educación Infantil y Primaria ”muestra de su conocimiento de la situación deficitaria del módulo fijado”.
Educación universal y gratuita
El Partido Aragonés valora que la educación debe ser universal y gratuita, de acuerdo con la Constitución y la legislación vigente y recuerda que el artículo 88 de la LOE dice que “las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito”. El artículo 117 señala que “la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concertados para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto, se establecerá en los presupuestos de las administraciones correspondientes [….] en el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad.
La diputada María Herrero recuerda también que en la Disposición Adicional 29ª se establecen dos importantes compromisos: la fijación de los importes de los módulos económicos de conciertos en un plazo de 5 años desde 2006, y la constitución de una Comisión mixta en el seno de la Conferencia Sectorial de educación “para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”. Dicha Comisión constituida en 2010, señala, cesó su actividad en 2011 por decisión del MEC sin concluir el estudio y, por consiguiente, sin cerrar las cifras oficiales de la Administración sobre el coste real de impartición de la enseñanza, que haga posible una adecuación del módulo de conciertos al citado coste.