¿Cuáles son las razones principales del resurgir de la energía solar fotovoltaica?
La principal razón está en la derogación en el año 2018 del impuesto al sol que dificultaba la inversión en esta tecnología. Otra razón, un notable abaratamiento del coste de la instalación, que ha reducido los periodos de amortización de las instalaciones. Realizar un parque fotovoltaico en 2021 puede suponer un 75% menos de inversión que los parques que se realizaron hace una década. Y la apuesta de las administraciones por las energías renovables.
Ante este auge confirmado, ¿contamos con una ley que ampare el equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental?
Lamentablemente, en la actualidad no existe una normativa que regule de forma efectiva la expansión de grandes macro-instalaciones fotovoltaicas en Aragón. La vigente Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón establece que por encima de 10 ha de superficie ocupada por el parque fotovoltaico se debe tramitar una Evaluación Ambiental Ordinaria de la instalación.
Eso está bien en principio, pero dicha tramitación debería exigir que los estudios ambientales para los grandes parques tuviesen en cuenta aspectos ambientales y sociales más acordes con la realidad del territorio y con una previsión energética a medio y largo plazo.
Se debería procurar que la política energética fuese dirigida a fomentar una gestión de la producción fotovoltaica ajustada a la demanda real existente, sin especular con hipotéticos mercados futuros que puedan dar lugar a graves desajustes en el sistema de generación.
Convendría pues, que los parques de generación se situaran lo más cerca posible de los núcleos de consumo, promoviendo al máximo la ocupación de suelos y techos industriales y urbanos, reduciendo de esta forma el impacto ambiental de las líneas de transporte de la energía generada.
¿Combinar cultivos agrícolas con paneles solares en altura puede ser parte de la solución?
Lo ideal sería que se favoreciera la implantación de los parques fotovoltaicos en terrenos poco aptos para el cultivo, o que directamente fuesen no cultivables. Esto se podría conseguir con una regulación que evitara el uso de terreno fértil para la implantación de plantas de generación y establecieran gravámenes que penalizarán este uso.
Por otro lado, en la otra cara de la moneda nos encontramos con expertos que han puesto de manifiesto el uso de los parques fotovoltaicos como reservas integrales de la naturaleza, abogando por su diseño su con criterios de protección de la biodiversidad.
Respondiendo a tu pregunta, existen numerosos estudios y plantas piloto que fomentan lo que se denomina “agrivoltaica”, que trata de compatibilizar la implantación de los parques fotovoltaicos con el uso del suelo para la agricultura. Estas instalaciones reducen el estrés por sequia de las plantas, mejorando la producción en determinados cultivos. No cabe duda de que se abre un nuevo campo de investigación a tener en consideración.
Un concepto parecido al de la “agrivoltaica” podría ser la implantación de los paneles fotovoltaicos sobre las balsas y los canales de riego, mediante el uso de soportes flotantes para las placas fotovoltaicas. Este tipo de instalaciones ya están ampliamente desarrolladas, y aportan excelentes beneficios en la reducción de hasta un 85% de la pérdida de agua por evaporación en los embalses.
¿Son reales las afecciones para la salud de los grandes tendidos eléctricos para la evacuación de la energía producida en un parque al centro de transformación pertinente?
Dentro de las infraestructuras asociadas a los parques fotovoltaicos nos encontramos con las líneas de evacuación de la energía generada hacia las subestaciones eléctricas. Estas infraestructuras pueden realizarse de forma aérea mediante torres y tendidos de cables, o mediante canalizaciones enterradas.
Estas últimas no tienen prácticamente ninguna afección sobre la salud. En el caso de los tendidos aéreos, nos encontramos con la aparición de campos electromagnéticos asociados al paso de la corriente eléctrica por los conductores.
La influencia de los campos electromagnéticos (CEM) sobre la salud está íntimamente relacionada con la frecuencia de la red (en España 50 Hz), la tensión de la línea y la distancia a la que se encuentren las personas.
De esta forma, no tiene nada que ver una línea a 25.000 v, que son las habituales en nuestro entorno, que líneas de 220.000 v. La normativa clasifica las redes de alta tensión en función de su tensión, existiendo líneas de 3ª categoría (menores de 30 kv), de 2ª categoría (entre 30 kv y 66 kv), de 1ª categoría (entre 66 kv y 220 kv) y aquellas de categoría especial (igual o superior a 220 kv). La propia normativa limita el uso de cada categoría de línea en función de su proximidad a los núcleos de población, limitando el uso en entornos urbanos únicamente a las líneas de 3ª categoría, más inocuas.
La afección sobre la salud de los campos electromagnéticos de una línea de 3ª categoría a la distancia reglamentaria no es superior a las producidas por la mayoría de los electrodomésticos usados habitualmente en nuestros hogares (cocinas de inducción, hornos microondas, teléfonos móviles, redes WLAN, pantallas de ordenador, etc.).
Actualmente, la información científica es sólo vagamente concluyente y no establece que la exposición a los campos electromagnéticos, a los niveles habituales en nuestro medio, puedan causar efectos perjudiciales para la salud; no son necesarias medidas de protección específicas para el conjunto de la población. Si hablamos de líneas de 1ª o 2ª categoría, a las distancias reglamentarias, y con exposiciones esporádicas, tampoco deberían producirse afecciones graves para la salud.
Otra cosa distinta sería la persona cuya vivienda se ubique cerca de una subestación eléctrica o de forma permanente bajo una línea de esta categoría. Existen algunos estudios, aunque no definitivos, que pueden asociar la alta exposición a los campos electromagnéticos con un aumento de riesgo de producir algunos tipos de cáncer.
¿Entiende la oposición municipal a la línea de muy alta tensión Laluenga – Isona?
En el caso de la línea de alta tensión Laluenga–Isona, nos encontramos ante una línea de las denominadas de categoría especial a 400 kv. Este tipo de líneas deben someterse en su tramitación a la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Es en el marco de esta tramitación cuando todos los organismos afectados (ayuntamientos, asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas, etc.) pueden realizar cuantas alegaciones de carácter ambiental y social consideren oportunas, siendo el ministerio quien debe tomar la decisión al respecto de las afecciones ocasionadas por la instalación.
Desde mi punto de vista, no pueden llevarse a cabo la realización de este tipo de infraestructuras de espaldas al territorio, siendo necesario realizar consensos lo más amplios posibles con los municipios por donde discurren las instalaciones.
En el caso de esta línea de alta tensión, se debería haber abordado una planificación de las redes de transporte por parte de Red Eléctrica Española REE y no tramitar este tipo de infraestructuras como redes de evacuación; no obstante, confiemos que durante la tramitación en marcha se escuchen a todos los implicados y se consiga la solución menos mala que garantice el respeto social y medioambiental del territorio con el necesario desarrollo y evolución de las energías renovables.
¿Usted estaría tranquilo si uno de esos tendidos pasara por la puerta de su domicilio?
Obviamente no. Lógicamente pediría que se me explicase a fondo el proyecto y se llevaran a cabo las correcciones necesarias para minimizar el impacto social y ambiental. Debemos garantizar la evolución del sistema eléctrico hacia fuentes de energía renovables sin entrar en demagogias. El pretender dotarnos como sociedad avanzada de suministro eléctrico en todas nuestras casas tiene un precio que hemos de pagar con infraestructuras eléctricas, pero buscando el equilibrio en las propuestas que garanticen el mínimo impacto posible.
¿El autoconsumo también está creciendo en nuestra zona?
Desde mi punto de vista es parte de la solución a la implantación de grandes parques fotovoltaicos. El resurgir de la tecnología solar debe encaminarse a las pequeñas y medianas instalaciones de autoconsumo industrial y doméstico. Si tenemos en cuenta el alarmante incremento del coste de la energía eléctrica, es una solución a contemplar a corto plazo.
Ya son muchas las industrias y explotaciones agropecuarias que han apostado por la instalación en suelo o cubierta de placas solares, con periodos de amortización de entre 3 y 5 años. Existen, además, en estos momentos, un gran número de subvenciones que pueden ayudarnos a acortar estos plazos y limitar las inversiones iniciales.
Las instalaciones domésticas están ahora mismo en auge, por los mismos motivos indicados anteriormente, a los que hay que añadir una bonificación que muchos ayuntamientos de la zona, como el de Binéfar, están dando al pago del IBI, reduciendo este pago en un 50% de su importe actual durante 5 años a las viviendas con tecnología fotovoltaica implantada.
La constitución de comunidades solares, como modelo más sostenible y respetuoso con el territorio, frente al de las macroplantas fotovoltaicas, ¿comienzan a darse o es necesaria más pedagogía social que muestre los beneficios directos en la factura de la luz de este tipo de instalaciones?
La comunidad solar, recogida en la Ley de Autoconsumo de 2019, permite que los ciudadanos, empresas e instituciones compartan una misma instalación fotovoltaica instalada en la cubierta de cualquier edificio del municipio, normalmente de propiedad municipal o cubierta de naves, generando electricidad en común, enviando el sobrante a la red eléctrica y cobrando por dicho excedente. La condición es que estemos a menos de 500 metros de la cubierta donde implantemos la instalación.
Las comunidades solares están pensadas para desarrollarse dentro de un área geográfica específica. Al comprar una participación o suscribirse a un proyecto solar comunitario, todos los miembros pueden beneficiarse de la energía solar generada; tanto por la mejora que se produce al reemplazar parte de la energía consumida por una fuente renovable, como por el beneficio económico que genera dicha participación sobre el consumo de electricidad posterior al vender los excedentes.
Este tipo de comunidades ya se están desarrollando en numerosos municipios de Europa, con notable éxito. Recientemente, se ha anunciado la puesta en marcha en Barbastro de una comunidad solar.
Es un tipo de modelo que ha llegado para quedarse y a buen seguro facilitará el desarrollo del consumo renovable en nuestras viviendas. No obstante, y como bien apuntas en tu pregunta, todavía nos falta a todos un poco de pedagogía social y conciencia medioambiental para que este tipo de instalaciones avancen en nuestros municipios y se conviertan en fórmula habitual en nuestro perfil de suministro eléctrico.
Lo que desee para concluir…
Simplemente, y como apunte final, creo que todos debemos involucrarnos en poner sobre la mesa soluciones urgentes que contrarresten eficazmente los efectos nocivos del cambio climático. Tanto el sector privado como el público deben trabajar de la mano para que el abastecimiento eléctrico a través de energías renovables se lleve a cabo de manera imparable e indispensable, con ello conseguiremos frenar el avance de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguiremos reducir las tarifas eléctricas.
Pero este desarrollo, debe realizarse con total trasparencia de las instituciones, fomentando la participación social en la toma de decisiones e informando y educando a los ciudadanos para que todos nos sintamos parte de la solución.