La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ha pedido ayer al Ejecutivo la aprobación, en el plazo de seis meses, del trámite administrativo necesario para posibilitar el acondicionamiento de los accesos a la localidad oscense de Barbastro. Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han instado al Gobierno, a propuesta de IU, a que el Decreto necesario para arrancar esta mejora, en las nacionales 240 y 123, vea la luz antes de diciembre.
El texto finalmente aprobado ha incorporado una enmienda in voce del PAR por la que, de los tres meses iniciales que planteaba la proposición, se ha pasado a seis. “Se trata de dos importantes puntos de acceso con nula inversión y mantenimiento desde 2009. Es una dejadez mayúscula del Gobierno y un abandono peligroso que no tiene que ocurrir en ningún municipio aragonés”, ha expresado el parlamentario Miguel Aso dese el grupo proponente.
Por su parte, Miguel Ángel Lafuente, desde el PP, ha recordado que su formación “defiende todos y cada uno de los proyectos de entrada a todos los pueblos y ciudades de Aragón”. De acuerdo con sus palabras, “no ha habido ningún otro problema o historia con esta actuación salvo la disponibilidad presupuestaria”. Lafuente ha criticado que los grupos de la oposición “convierten esta Cámara continuamente en una segunda lectura de lo que pierden o plantean en otros sitios”.
El portavoz del PSOE en esta materia, José Ramón Ibáñez, ha lamentado que “costará mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas recuperar todo el tiempo perdido en esta Legislatura en infraestructuras”. “Con el objetivo de controlar la deuda y el déficit, hemos dejado de arreglar carreteras. Sin embargo, la deuda está desbocada y el déficit incontrolado. Queda bastante demostrado el éxito de la gestión del PP”, ha añadido el representante socialista en este sentido.
Joaquín Peribáñez ha sido el encargado de defender la enmienda del PAR, recordado que “tenemos claro que se deben ejecutar cuanto antes y que todas los accesos a todas las localidades tienen que ser igual de importantes”. En su opinión, “no hay interés en retrasarlo”,pero ha apostado por “un plazo de seis meses para aprobar el decreto”. En relación a las acusaciones de clientelismo, Peribáñez ha criticado que “es muy fácil hablar desde el micrófono de detalles tan sensibles”. “No está al margen, así que no venga con la banderita”, ha trasladado al representante de CHA, Gregorio Briz.
Este último parlamentario, por su parte, ha recordado que “el debate ya se produjo en 2012”. “Se pidió la mayor brevedad posible pero con la coletilla de la disponibilidad presupuestaria. Era una propuesta que el PAR podía hacer desde el Gobierno, pero parece que se buscaba más el objetivo de cierta clientela política. Ahora se corrobora lo que decía en aquel momento”, ha manifestado Briz.